Ambiente en el proyecto de Rendición de Cuentas

El Poder Ejecutivo presentó hace pocos días atrás su propuesta de “rendición de cuentas”, y como se ha hecho costumbre, se la aprovecha para agregar reformas, ajustes e incluso innovaciones normativas en distintos asuntos. Las cuestiones ambientales no son una excepción, y como en el pasado en esta rendición aparecen unas cuantas novedades.

Estas pueden ser divididas en dos grandes grupos: aquellas que están incluidas en la sección dedicada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el inciso 14, y las que surgen de cambios en otros ministerios o agencias. En este primer artículo me enfocaré en compartir un resumen de las primeras, las que son específicas de nuestra cartera ambiental (en un futuro artículo se abordarán las otras).

En esta rendición se destacan varios cambios en la ley de áreas areas naturales protegidas (ley 17.234 del año 2000). Uruguay es el país más retrasado de las Américas en ese rubro, y el conjunto de sus áreas naturales protegidas cubre todavía una superficie muy pequeña en el país, está concentrado en algunos tipos de ambientes (como las grandes lagunas atlánticas) y descuida otros, y es totalmente insuficiente para recuperar la biodiversidad criolla.

Un primer examen muestra que muchos de los cambios propuestos son positivos. Por ejemplo, sobre las áreas que integran el conjunto denominado “sistema de áreas protegidas”, se mantiene la posibilidad de incorporar sitios que fuesen declarados como reservas o protegidos por los gobiernos departamentales,  pero ahora también se pueden agregar áreas privadas.

En otro cambio se precisa la prioridad del MVOTMA para la compra de los predios que se pongan en venta que estén ubicados dentro y en zonas adyacentes a las áreas protegidas.

En la rendición de cuentas también se proponen ajustes sobre las funciones de inspección, monitoreo y contralor dentro de las áreas protegidas y se amplían a las zonas adyacentes. En lo que se propone, el personal del ministerio (en este caso de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y los administradores de las áreas) tendría ciertas capacidades de “policía” ambiental; por ejemplo, podrán secuestrar objetos o productos de un ilícito.

Se propone aumentar a dos años el plazo para establecer planes de manejo bajo las cuales se gestionan esas áreas, y lo amplían a las áreas y sus “zonas adyacentes”. También se precisa que esos planes, una vez aprobados, “constituyen normas de observación obligatoria para cualquier actividad, construcción u obra”. Se plantean, finalmente, cambios en el fondo que recibe dinero para mantener las áreas protegidas.

Todas estas referencias a las “zonas adyacentes” están en línea con las posturas actuales que subrayan la importancia de las llamadas “zonas de amortiguación” que rodean a las áreas protegidas.

Hay cambios en las multas por infracciones (en modificaciones a la ley 16 112) llevando las sanciones de 10 a 50 mil unidades reajustables. O sea, más de 49 millones de pesos (esto es más de 1,5 millones de dólares). Unas cifras muy impactantes.

Aunque se aumentan las multas, en la rendición se propone que las infracciones administrativas contra el ambiente prescriban a los 8 años cuando son graves, y en 5 para el resto. Estos plazos son muy breves para atender cuestiones ambientales, ya que los tiempos ecológicos son mucho más extendidos. Por ejemplo, el impacto ambiental de la tala del monte nativo tiene repercusiones que se miden en siglos, ya que ese es el tiempo que demorará en regenerarse varias especies de árboles típicas de esos ecosistemas. Asimismo, frente a grandes proyectos extractivos como era la megaminería de hierro a cielo abierto, la experiencia internacional muestra que las canteras abandonadas se arrastran por décadas con todos sus efectos negativos.

En otro artículo se establece que el MVOTMA, ante ilícitos contra la fauna, podrá decomisar armas y equipos de caza, y lo animales cazados, con lo cual de nuevo nos aproximamos a la idea de una policía ambiental, aunque todavía ello requiere muchas más precisiones.

Un paso en ese sentido es la reforma de la ley que crea el Cuerpo Nacional de Guardaparques. A ellos se encomienda el “control del cumplimiento” del manejo dentro del áreas protegidas pero además de las normas que regulan la caza, pesca, tala y destrucción del monte nativo y palmares, y la protección de las dudas costeras.  Y se anuncia que el MVOTMA reglamentará estos cometidos, las atribuciones, derechos y obligaciones de los guardaparques.  Este es un tema importante, necesario pero delicado.

Durante años, los guardaparques han reclamado tener las capacidades para evitar, por ejemplo, que ingresen los cazadores a las áreas protegidas, pero carecían de las atribuciones y salvaguardas para realizar un ejercicio efectivo de “policía ambiental”, tal como sucede en muchos otros países. Parecería que el Poder Ejecutivo está apuntando a solucionar ese enorme vacío.

También se endurecen las regulaciones y sanciones para los vehículos que acceden a las dunas de la faja costera. Los conductores y los propietarios de los vehículos son solidariamente responsables, y los funcionarios del MVOTMA podrían llegar a secuestrar esos automotores. Y por elevación, seguramente teniendo presente los desentendidos con las intendencias, se precisa que la prohibición de acceder a las dundas se establece sin perjuicio de las autorizaciones otorgadas por los gobiernos departamentales.

En general puede decirse que estas propuestas, y en especial aquellas enfocadas en áreas protegidas y en reforzar el papel de los guardaparques, son positivas y deben ser apoyadas.

En otros temas, se crea dentro del área de cambio climático, un proyecto de promoción del desarrollo científico y tecnología en materia de rersiliencia y adaptación al cambio climático.

Había cierta expectativa en que se aprovechara la rendición de cuentas para dotar al MVOTMA de mayores facultades para contener la contaminación del agua, uno de los temas ecológicos más candentes en el país. Sin embargo, en la sección dedicada a este ministerio, lo único que se presenta es un aumento de las multas por infracciones al Código de Aguas. Se sube el máximo de la sanción de cinco mil UR a 10 mil (casi un millón de pesos; más de 300 mil dólares).  Es un aumento, pero sin duda tiene un cierto sabor a poco, y sobre todo por no estar acompañado por otras medidas.