Ambiente e inversiones en la Rendición de Cuentas

La llamada “rendición de cuentas” es siempre aprovechada para promover cambios en la legislación nacional en varios temas, y entre ellos el ambiente. En el artículo anterior se repasaron los principales cambios incluidos en la sección dedicada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). En esta segunda nota se abordan las cuestiones ambientales que aparecen las secciones dedicadas a otros ministerios.

La primera cartera a observar es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), ya que bajo su competencia está casi la mitad de los asuntos ambientales más importantes del país. Pero en este caso no hay muchas novedades, lo que es un contraste fuerte con los cambios propuestos para el MVOTMA.

Por ejemplo, en el artículo 86 se cambian las sanciones a infractores de las normas legales y reglamentarias que regulan el sector agropecuario, agroindustrial, la pesca y los recursos naturales, bajo competencia del MGAP. Con ese fin se recurre a cambios en un artículo de la ley de presupuesto de 1995-99 (Ley Nº 16.736 de 1996), que a su vez ya tenía cambios realizados en otras leyes (en 2001, 2008, 2010, 2012, 2015 y 2016). Esto deja en claro la maraña en que se convierte el régimen legal uruguayo.

La nueva redacción de esta norma establece que las sanciones incluyen apercibimientos, multas, decomisos, suspensiones, clausuras y acumulación de multas. Estos cambios no están específicamente enfocados en la gestión ambiental, pero como el MGAP controla aspectos como la calidad de suelos y aguas, pueden ser usados en un sentido ecológico.

El artículo 93 aborda, en parte, el problema del mal uso de agroquímicos que ha sido tan cuestionado y denunciado. El MGAP dispone que las personas físicas o jurídicas que actúan en la “agricultura extensiva (cereales, oleaginosas y forrajeras)”, haciendo aplicaciones de distintos químicos fitosanitarios o plaguicidas, por medios terrestres o aéreos, propios o contratados a terceros, deben tener el respaldo de un ingeniero agrónomo.

Esta norma le asigna a ese técnico la responsabilidad de la aplicación adecuada y la verificación del cumplimiento de las normas que regular el uso y manejo de fitosanitarios. El MGAP controlará eso, y los que incumplan serán sancionados de distintas maneras.

En la misma línea de clarificar las sanciones, el artículo 96 presenta una ampliación de las sanciones en la pesca. En este caso se las amplia al capitán o patrón del buque pesquero, que será pasible de apercibimientos, multas (que pueden llegar a las 540 mil unidades indexadas), suspensión de la habilitación para navegar (hasta dos años) o cancelación de ese permiso.

Esta no es una cuestión menor ya que el Uruguay está siendo observado con lupa a nivel internacional por su tolerancia a la llamada “pesca pirata”. Esta es una de las prácticas de mayor impacto ecológico sobre la fauna marina, ya que afecta por ejemplo especies que tienen restricciones o prohibiciones por la caída en sus poblaciones o por el ingreso ilegal a las aguas de otras jurisdicciones.

Observando estas propuestas, así como aquellas propuestas para el MVOTMA (analizadas en la nota anterior), el balance que puede hacerse tiene sentidos diversos. Por un lado, el reforzamiento de la protección de áreas naturales y del papel de los guardaparques comentados en el artículo anterior, es bienvenido. Pero por otro lado, en el caso de los problemas de contaminación en el ámbito rural (especialmente el agua), no surgen novedades sustanciales.

También es oportuno observar cómo se distribuyen los dineros para las inversiones. Así como el gobierno tiene problemas en cumplir las expectativas con la educación o la salud, lo mismo sucede con el gasto ambiental. El presupuesto de inversiones para 2016 totaliza $ 28 283 658 000 (que podría decirse que en números redondos equivale a unos cien millones de dólares). Es una cantidad pequeña. De esas inversiones, la mayor proporción está destinada al transporte y comunicaciones (31,1% del total), y le sigue vivienda (23,4) y educación (17,8 %). El rubro dedicado a ambiente y recursos naturales está casi al final de la asignación de esas inversiones, con apenas 0,895 %. O sea, menos del uno por ciento. Queda en evidencia que las inversiones en cuestiones ambientales son pequeñísimas, y muy lejos de lo que se necesita para enfrentar problemas graves, como la contaminación en las principales cuencas hídricas del país.

En varias ocasiones Uruguay apela a otras fuentes de financiamiento para las cuestiones ambientales. La fuente más común es usar las opciones que brinda la cooperación extranjera,  como pueden ser las agencias de las Naciones Unidas (por ejemplo FAO o PNUMA), el Fondo Mundial del Ambiente, o los bancos multilaterales de desarrollo (como el BID y el Banco Mundial). Las cuestiones ambientales en muchos casos han logrado avances gracias a ese tipo de financiamiento, donde el ingreso de recursos ha sido significativo.

Pero también es cierto que hay más de un ejemplo donde enormes proyectos que tenían por destino temas ambientales, que eran necesarios y mostraban enormes potencialidades, fueron finalmente usados en buena parte para otros fines. El caso reciente que ilustra esas dificultades fue un gran financiamiento a una reconversión con manejo responsable de productores rurales que coordinaba el MGAP (bajo José Mujica ministro y luego presidente). Muchos de los problemas que actualmente se observan sobre contaminación de suelos y aguas y malas prácticas agrícolas que generan esa contaminación, posiblemente podrían haber sido enfrentadas de otra manera si ese proyecto hubiese estado mejor enfocado y ejecutado.

En la actualidad hay varios proyectos en marcha con la cooperación externa. Entre ellos vale la pena destacar uno liderado por el MGAP (con el concurso del MVOTMA), que tiene el propósito de fortalecer las “capacidades para la gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas en Uruguay”. Se apunta a una cuestión muy necesaria que es fortalecer el marco legal y la gestión institucional en el uso de esos agroquímicos, y a la vez introducir prácticas de lo que se llama un “Manejo Integrado de Plagas” (MIP), para no caer una y otra vez en el uso de químicos. Sin duda que las mejoras e innovaciones en ese frente son urgentemente necesarias en Uruguay.

Tras este breve repaso, se puede concluir que en las secciones de la Rendición de Cuentas que por ahora se conocen, hay algunos avances especialmente en el manejo de áreas protegidas, con pocas novedades en otras cuestiones. Y si el dinero es indicador de las prioridades reales del gobierno, queda en claro que las materias ambientales están muy pero muy abajo en su lista.


La primera nota, Ambiente en el proyecto de Rendición de Cuentas, se publicó el 3 julio en Montevideo Portal, http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_302857_1.html