Alguien miente

Para muchos ciudadanos, la polémica es irrelevante en comparación con los cientos de millones que la farra de Ancap nos costó y aún nos costará.

Sin embargo, tratándose de dos figuras mayores de la política nacional, hay otro elemento que debería estar antes que el dinero, que ya se perdió. Mujica le reprocha a Astori que no le haya advertido a tiempo sobre la dimensión y la naturaleza del problema. Astori le replica que lo hizo en diversas ocasiones, citando la fecha y aun el tono de esos avisos, de los que habría participado también el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Como no es posible que las dos afirmaciones sean válidas al mismo tiempo, uno de los dos miente.

¿Miente Mujica cuando dice que Astori y su equipo no lo alertaron? ¿Miente Astori e inventa situaciones y testigos inexistentes? ¿Será posible que quien miente lo reconozca públicamente y pida perdón, ya no solo por su responsabilidad en la quiebra de Ancap, sino por engañarnos?

La ciudadanía puede no festejar pero sí entender que el gobernante cometa errores. Incluso que, en su carrera hacia la renovación del mandato presidencial para su partido, omita algunos detalles molestos sobre el desastre cometido por sus compañeros. Lo que no puede admitir es que un gobernante o un dirigente político cualquiera le mientan descaradamente, para tratar de eludir o minimizar su responsabilidad en algo que salió mal. Muy mal.

Otro elemento clave en este desaguisado es la naturaleza estatal de Ancap.

Cuando se realizó el plebiscito de 2003 para derogar una ley que permitía al ente petrolero asociarse con empresas privadas, la central sindical y el Frente Amplio (con la oposición de Danilo Astori y Líber Seregni) se lanzaron a una campaña llena de eslóganes y premoniciones que hoy sabemos falaces.

Los promotores del plebiscito advertían que la ley otorgaba la gestión de la empresa al eventual socio "sin control efectivo del Estado", que podría darse una sobrefacturación en la compra de petróleo que ocasionaría "una pérdida de unos diez millones de dólares sin que esto pueda ser controlado", que la ley en cuestión no aseguraba "que bajen los precios de los combustibles al consumidor" y abogaban por un futuro en el que "los organismos de control del Estado puedan efectivamente controlar todas las actividades".

En algún punto, la refinación estatal del petróleo se vinculaba de manera inextricable con la soberanía y el desarrollo estratégico del país. Si esto era así, los responsables de la quiebra de Ancap deben ser juzgados por un delito de lesa nación. No lo era. Mientras Ancap se fundía, Uruguay no dejó de crecer a pesar del alto precio de los combustibles y sus habitantes nos volvimos más prósperos y productivos.

La polémica epistolar entre Mujica y Astori (presidente y vicepresidente en el período pasado), en cambio, involucra valores morales. Alguien miente, y sería bueno que supiéramos cuanto antes quién es.