Agroquímicos como aspirinas: maniobrando contra la agroecología

Sabemos que el país tiene un serio problema de contaminación en el medio rural. También sabemos que uno de los factores causantes es una agropecuaria muy intensiva y que utiliza grandes volúmenes de químicos, muchos de ellos señalados por ser potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente.

Lo que es menos sabido es que existe en Uruguay un conjunto importante de productores rurales dedicados a los agroecología: obtener alimentos sanos, cuidando la tierra y el agua, y por ello dejando de lado los químicos. No aplican, por ejemplo, pesticidas para enfrentar las plagas sino que usan un control biológico. Son el ejemplo de alternativas posibles para recuperar la calidad de nuestros suelos y aguas.

En el país funciona una red de agroecología que nuclea a unos doscientos productores. Pero además, hay una enorme área ganadera que se presenta como “orgánica” para poder acceder a distintos mercados de exportación. Esos dos tipos de producción muestran su viabilidad económica.

Después de mucho trabajo, se presentó un proyecto de ley de un Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas. Es una propuesta modesta pero necesaria y contó con la firma de muchos legislados del Frente Amplio (1).

Pero a pesar de la modestia de la iniciativa y del respaldo de esos legisladores frentistas, de todos modos no parece ser aceptable para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). La sorpresa es todavía mayor cuando se conocen los dichos del ministro Enzo Benech y de las autoridades que le acompañaban al presentarse en una comisión del senado que trata el tema, ya que casi no hay argumentos sustantivos (2).

En efecto, ante los senadores,  el ministro Benech indicaba que le importaba proteger el ambiente, reconoció que se usaban químicos a lo “loco”, pero… Apareció ese clásico “pero” bajo el cual se colocan las objeciones.

Aunque la delegación del MGAP debía analizar ante los senadores esa ley, en los hechos presentó una larga y compleja sucesión de recuentos históricos, algunos comenzando en la década de los años sesenta del siglo pasado, condimentadas sobre viejas anécdotas y relatos sobre actividades actuales. Se dieron muchas vueltas, y hasta un legislador cordialmente se quejó. Pero entre esa nebulosa de dichos asomaba un mensaje: al ministerio no le gusta el proyecto de ley sobre agroecología.

En las exposiciones del MGAP hay muchas afirmaciones que deben ser revisadas. Por ejemplo, el actual director del área de recursos naturales, Fernando García, sostuvo que la crisis de contaminación en la cuenca del Rio Santa Lucía surgió “posteriormente” al boom sojero. Esto es claramente incorrecto, ya que se ha alertado del deterioro de toda esa área por lo menos desde la década de 1990. Lo que han hecho ciertas prácticas, como la soja o los tambos, es acelerar y agravar el problema. Pero esa conexión entre el tipo de práctica productiva y la contaminación no es explicitada a los senadores. Es más, la presentación se vuelve confusa al vincular problemas como el arrastre de sedimentos en el río. Este es un indicador más que existe un problema en cómo el ministerio diagnostica la crisis de contaminación en el país y eso afecta al diseño de los planes para superarla.

Otra vuelta de tuerca en la presentación a los senadores ocurre cuando la directora del área encargada de promover la granja, Zulma Gabard, compara un agrotóxico como el glifosato con la aspirina. Afirma que nadie “desayuna” el herbicida gflifosato ni aspirinas, pero cuando hay un problema se usa uno u otro, y la cuestión es usarlo correctamente. La imagen que se da es que el glifosato es como una medicina de uso cotidiano, que se vende sin receta, y que se aplica para aliviar un dolorcito. Pero en realidad, a ese herbicida se le indican severos impactos ambientales y sanitarios. La comparación ministerial es barroca y simplista, y otra vez es un indicador que no entienden los riesgos ambientales en juego. El glifosato nada tiene que ver con un analgésico, y si se forzara una comparación, tendría que venderse bajo receta médica controlada y solamente para ciertos casos por todos las contraindicaciones que involucra.

Tampoco es posible descartar que no desayunemos glifosato o alguno de sus derivados. Los datos de los países vecinos muestran que esos químicos se cuelan en nuestros alimentos, en el agua, y hasta en objetos de uso cotidiano. En otra nota en esta columna alertaba del hallazgo en otro país de esos derivados hasta en la leche maternizada que se le daba a bebés. No sabemos bien que ocurre en Uruguay, y el MGAP tiene parte de responsabilidad en ello.

Tampoco es menor que la comparación entre productos peligrosos o cuestionados con las aspirinas o incluso el agua, haya sido una estrategia repetida por años por las empresas en todo el planeta. Escuchar esas metáforas desde las compañías vendedoras de químicos a nadie sorprendería, y en cambio, uno esperaría que el MGAP le dijera a los senadores que existe una enorme controversia sobre el glifosato, que una agencia de Naciones Unidas la calificó como cancerígeno, que se descubrieron mecanismos de manipulación corporativa de la información sobre esos químicos especialmente en Estados Unidos, y que está en marcha un enorme juicio contra su principal manufacturador.  Nada de eso se les explicó a los senadores. Se les retaceó información clave directamente relacionada con la ley de agroecología.

Estos son apenas dos ejemplos que muestran que los técnicos del MGAP tendrían que ser más precavidos, estar más al tanto de las informaciones sobre riesgos ambientales, y proveer de mejores análisis a los senadores.

Está claro que la agroecología apunta a una estrategia muy diferente a la que repetidamente defiende el MGAP. Los sucesivos ministros han apostado por la intensificación, especialmente de monocultivos, creciente aplicación de químicos, crear un mercado de servicios de riego, y anular o debilitar los controles ambientales, amordazar los estudios científicos sobre el agua, y apoyarse en guías de buenas prácticas o planes de uso del suelo. La agroecología camina en sentido contrario, desandando el uso intensivo de químicos, apelando a métodos naturales para fertilizar o controlar las plagas, y rechaza los transgénicos. El MGAP quiere un campo que produzca mercadería, y la agroecología quiere lograr alimentos sanos; el MGAP mira las exportaciones y la agroecología no reniega del comercio exterior pero le interesa asegurar empleo y estabilidad a la familia rural.

Como es muy difícil encontrar argumentos de peso para atacar a la agroecología, en la presentación del MAGP a los senadores parecería que todo se reduce a que hay un “problema de definiciones” y a que no desean que la Dirección General de Desarrollo Rural se encargue del asunto porque ya tiene mucho trabajo.

En efecto, la presentación de García indica que hay muchas definiciones y que la FAO (el organismo de Naciones Unidas encargado de la agricultura y los alimentos) tampoco tiene una definición consensuada. Y no hay mucho más argumentos explícitos en la postura ministerial. Permítanme una analogía: estamos en una situación como si el médico que fuera Ministro de Salud estuviera en la comisión del Senado y dijera que no está de acuerdo con una campaña de alimentos sanos sin contaminantes porque hay muchas definiciones de “salud”.

El ministro Benech, por su parte afirma que no desea que la Dirección General de Desarrollo Rural sea la agencia que se encargue de la agroecología. Su fundamentación: ya tiene mucho trabajo.

Resumiendo lo observado, la ley de agroecología evidentemente está en peligro. No hay argumentos de peso. Se insiste en mostrar como estrategia de salida a la crisis ambiental a un conglomerado de actividades formativas e instrumentos como los planes para manejar los suelos. Entretanto persisten los problemas ambientales en el medio rural. Se apela a metáforas alejadas de la ciencia como la de comparar glifosato con aspirinas, o a resistencias que es escudan en reclamar una definición mágica, y paralizarnos hasta no contar con ella.

Al final de cuentas, tal vez sea lo mejor cumplir con el deseo del MGAP de no manejar esta ley de agroecología, ya que si estuviera bajo su responsabilidad posiblemente la paralizarían. Es una cartera totalmente volcado a otro tipo de agricultura, parecería que su visión de convivencia es convertir a la producción orgánica en algo mínimo o testimonial, mientras se repiten advertencias que no escucha o entiende las alertas ambientales de algunos grupos de productores. Como es imperiosa una reforma sustancial ambiental de todo el MGAP, merecería pensarse si entre las áreas que deben retirársele no debería estar la promoción de la agroecología.

Pero al margen de todo eso, el Poder Legislativo debería persistir en aprobar esta ley en la presente legislatura. Es necesario contar con un marco en agroecología para fortalecer sobre todo a esas familias rurales que luchan por otro modo de entenderse con la tierra (3). Es además importante para constituir alternativas viables que reducen la presión sobre el ambiente y permitirían recuperar la calidad ambiental en nuestra campaña. Finalmente, es moralmente indispensable porque es un modo cristalino de asegurar que nuestros alimentos sean sanos.


Notas

(1) Plan nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológica. Se declara de interés general y se crea una comisión honoraria nacional. Agosto de 2016. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Patricia Ayala, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores Ernesto Agazzi, Saúl Aristimuño, Marcos Carámbula, Leonardo de León, Rubén Martínez, en
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/751331.PDF

(2) Comisión Ganadería, Agricultura y Pesca, Senado, sesión con el ministro Enzo Benech, subsecretario A. Castelar, y su equipo, 5 julio 2018, en https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S20181967490111.HTML

(3) Para saber más sobre agroecología en Uruguay: www.redagroecologia.uy

Fotogragía y esquema de la Red de Agroecología de Uruguay