Los aumentos que han tenido los presupuestos de la educación, del Ministerio del Interior y de la salud son notorios y reconocidos por todos. Si se comparan las cifras del año 2005 – último presupuesto heredado del anterior gobierno – y las que están previstas en la rendición de cuentas para el 2012, en todos los casos y descontando la inflación, el aumento supera largamente el 100%.
¿La plata dónde fue a parar? Porque esa es la pregunta que la oposición intenta instalar en el debate público. Es una pregunta que siempre es válida, el problema es cuando el gobierno y la izquierda en general no afrontan el tema en su complejidad.
Buena parte de esos recursos fueron a resolver una situación insostenible: los salarios de los educadores, de los policías y de los médicos y técnicos de la salud. Eran de miseria, auténticamente de miseria. Un policía ganaba en el entorno de los 4 mil pesos, lo mismo que un maestro y el promedio de los médicos.
Cuando se parte del pantano de esos sueldos, emerger a la superficie lleva un enorme esfuerzo financiero, económico y de gestión. Con sueldos de miseria se tiene una educación, una salud y una seguridad de miseria. Es una verdad irrefutable.
Esa fue una terrible herencia de la crisis del 2002, pero que se venía arrastrando desde antes del gobierno Batlle, con Sanguinetti, ya comenzó el desbarranque salarial y Lacalle no fue precisamente un dechado de sensibilidad con los salarios de los funcionarios. Y no me refiero a los empleados administrativos, me refiero a los sectores clave para el funcionamiento del Estado: educación, salud y seguridad. ¿Recuerdan la huelga policial en el gobierno de Lacalle? No fue precisamente por los salarios refulgentes.
¿Hicieron mal los gobiernos de izquierda en priorizar los salarios y recuperarlos a nivel general y en particular en esos sectores? No, creo que fue una estrategia política, social y culturalmente correcta. No hay un mínimo de posibilidad de discutir una reforma de la educación, de la salud y de la seguridad con salarios de miseria.
También es una realidad enorme que no se invirtió lo suficiente en infraestructura de la educación, de cárceles, de hospitales y centros de salud, de todo; y ahora los gobernantes de entonces se hacen los desentendidos. Arrastramos una situación de atraso que nos debe hacer mucho más exigentes. Por ejemplo, en las lentitudes que tenemos en materia de viviendas. Corremos de atrás, por eso hay que correr más rápido y mejor, con más eficiencia en la gestión.
Más grave era todavía la situación en materia de infraestructura. Tomemos un caso: la generación de energía. Durante más de una década no se invirtió un solo dólar en aumentar la capacidad de generación del país, y eso comenzó bastante antes de la crisis del 2002. Hubo que arremangarse y hacer todo junto, construir centrales, licitar parques eólicos, interconectarse mejor con los vecinos y además de salir de los apuros y urgencias, pensar con sentido estratégico. Lo que no es muy estratégico a veces es la memoria y algunos actores políticos hablan como si no tuvieran nada que ver con el estancamiento general de las infraestructuras.
Es cierto, la licitación del puerto se había hecho y concedido, pero la empresa no cumplió en absoluto con los plazos. Y el gobierno de izquierda impuso el respeto por esos plazos.
Las concesiones de obra pública son necesarias, pero pueden ser desastrosas. Tomemos el ejemplo de la doble vía a Punta del Este, que demoró una vida, se hizo sin invertir un peso, con la plata recaudada previamente y ese es un ejemplo de lo que no hay que hacer.
Yo he reconocido públicamente, y lo pienso y lo reafirmo, que sin los cambios en las leyes y en las normas en los puertos y en el aeropuerto tendríamos un verdadero desastre. Y nosotros – la izquierda – nos opusimos y creo que nos equivocamos. Pero lo que no nos equivocamos es en la relación de exigencia en el cumplimiento de las condiciones. No nos equivocamos, como en el caso de Solpetróleo en Argentina y en otros casos similares.
Es el dilema que afrontamos con el ferrocarril, cada día que pasa, cada tonelada que se privatiza y destruye nuestras carreteras es una oportunidad perdida de contar con un sistema integral de logística. La logística tiene una ley, funciona al ritmo de su eslabón más débil, y para nosotros es el ferrocarril que en algunos sectores es insustituible: madera, cemento y podría extenderse a los granos y a otras cargas. Las concesiones y negociaciones que ha hecho el gobierno son el límite, después de eso entregamos un resorte clave a la herrumbre de la burocracia y la parálisis. Y lo peor de todo es que sería la herrumbre de las ideas y los impulsos.
Vivimos un momento muy difícil en el mundo, con una notoria crisis global cuya evolución o involución nadie se anima a vaticinar, lo que nos debe hacer mucho más exigentes, precisos y eficientes. Y claros en el rumbo.
Hay una cosa clara, la disputa por las inversiones, por porciones del comercio y de la logística se hará mucho más dura. Si dormirse en los laureles es siempre malo, en estos tiempos es suicida.