¡Si para muestra basta un botón! (Segunda parte)

En la columna anterior nos referíamos a la importancia superlativa del Puerto de Montevideo, como precursor de nuestra identidad nacional y nuestra bonanza económica, a la vez que ahondamos en las tortuosas circunstancias que enmarcan el acuerdo celebrado por el actual gobierno con la empresa TCP - Katoen Natie.

Nos preguntábamos al respecto, ¿cómo es posible que un Poder Ejecutivo que predica la “institucionalidad” y hace ostentación de “transparencia” en su accionar, haya resuelto procesar -en un contexto de reuniones reservadas y ultra secretas- la “negociación” de un acuerdo por el que se transfieren ¡por un lapso de 60 años!, nada menos que derechos de soberanía portuarios, en favor de una empresa transnacional?

Negociación que no sólo escondió a la oposición política -lo que de por sí denota un menosprecio por las Políticas de Estado-, sino a sus propios socios de la coalición de gobierno, que manifestaron haberse enterado de la misma un año luego, “a través de los trascendidos” periodísticos. ¡Que la ocultó, además, al directorio de la propia Administración Nacional de Puertos!, organismo cuyo cometido específico e insoslayable es, precisamente, asesorar al Poder Ejecutivo. Al respecto, y según consigna la prensa de la fecha, el vicepresidente de la ANP, Daniel Loureiro, señaló en su comparecencia ante el fiscal de Delitos Económicos de tercer turno: “La única resolución que no pasó por el directorio” fue el acuerdo por el que el gobierno de Luis Lacalle Pou le otorgó a Terminal Cuenca del Plata, integrada por Katoen Natie (80%) y el organismo estatal (20%), la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo hasta 2081, pero que lo hizo (¡por si algo faltaba!), a hurtadillas del soberano, sin comunicación y aval previos.

¿En qué artículo de la Constitución se establece potestad alguna al Poder Ejecutivo, para actuar por encima de la voluntad popular y de sus legítimos representantes en el Poder Legislativo, en cuestiones que refieren a la transferencia de espacios de soberanía nacional? ¡Porque eso es exactamente lo que pasó!

Debo confesar que, cuanto más profundizo en las circunstancias y los procederes de este desproporcionado acuerdo, ajeno a toda racionalidad y plagado de actitudes incompatibles con la buena administración y la institucionalidad, más aumentan mis sospechas de intenciones poco claras.

Es más, tenemos la íntima convicción de que, tanto el presidente del Puerto, como el resto de los negociadores, tenían claro que el acuerdo estaba perforado por irregularidades, y que corría el riesgo cierto de ser cuestionado. Pero...tal vez por aquello de que “¡Donde manda capitán...!”

Y de hecho fue lo que ocurrió. Cuando el asunto tomó estado público, comenzaron a surgir los cuestionamientos desde la sociedad civil, desde la intelectualidad, desde la Academia, desde los propios trabajadores de la Administración Nacional de Puertos, desde el cuerpo político. Desde el Partido Colorado y de Cabildo Abierto, incluso, llegaron a proponer un proyecto de ley, en un intento por corregir las irregularidades cometidas.

Irregularidades, e ¡ilegalidades!, al decir de un prestigioso especialista de la temática portuaria: “La incorporación del Reglamento de Atraque al contrato es ilegal, porque transfiere a esa empresa el derecho de consentir o no los cambios del mismo, que refiere a una potestad indelegable de la autoridad portuaria; el acuerdo “es ilegal, porque viola la libertad de competencia; es ilegal, porque no se efectuó con un asesoramiento previo del Directorio de la ANP; es ilegal, porque se cedió, sin cumplir con el Tocaf, los predios ocupados por la Armada y el de Puntas de Sayago; es ilegal, porque no se efectuaron los avalúos previos (art.13 inc.F de la ley 16.246); y es ilegal, porque le permite a esa empresa (TCP-KatoenNatie) fijar libremente las tarifas de la operativa de contenedores de importación, en violación de lo dispuesto en el art.51 de la Constitución”.

Salta a los ojos por tanto que, dada su experiencia institucional -en algún caso incluso, desde la propia Asesoría Técnica de la ANP- ¡los negociadores no podían, de manera alguna, estar ajenos a estas circunstancias! Y no obstante...

Un tema no menor, y que corresponde destacar debidamente, es que los departamentos jurídicos del Tribunal de Cuentas, dictaminaron, en dos oportunidades, y observaron que debió ser el Directorio de la ANP quien asesorara al Poder Ejecutivo. Sin embargo, y llamativamente, el Tribunal de Cuentas, por mayoría, resolvió desestimar los dictámenes y no observar.

Un comentario aparte merece la discusión del tema en el seno de este organismo de contralor. Según trascendidos, su presidenta habría manifestado que “todo este asunto está mal” y que “ameritaría observación para la ANP, por la forma”, porque además se “hizo tarde y mal”. Y habría enfatizado: “Yo no haría un señalamiento a la ANP, sino que la observaría y de pronto le podría decir al Poder Ejecutivo que debía haber esperado los informes”. Sin embargo, todo parece haber sido una parafernalia discursiva de la ministra, porque finalmente su postura fue determinante para que el trámite se resolviera con la no observación a la entidad portuaria: apenas con un mero señalamiento.

¡Otra perla en el collar de esta trama portuaria! ¡Más elementos de sospechas y dudas! Y la pregunta que, en forma recurrente, nos agobia: ¿Qué esconde este ilegal, arbitrario e inentendible acuerdo del Puerto? ¿Cuál es el sentido y la urgencia de entregar nada menos que sesenta años de ejercicio monopólico de “la llave política, estratégica y económica del país, de este enclave superior del Atlántico Sur”, aún al costo de desarmar y dar por tierra las garantías que sustentan nuestra institucionalidad?

Sesenta años mensurables en TEUs y contenedores movilizados, en apreciación de reventa de contratos; en miles de toneladas de mercaderías entrando y saliendo a lo largo de una docena de períodos de gobierno, para algunos. Pero que, para el conjunto de nuestra sociedad, se corresponden con una devaluación en soberanía, en independencia institucional y política, y en garantías jurídicas reales; en una subordinación económica, al menos durante tres generaciones.

A esta altura, y mientras la Justicia se encarga de desenmarañar este entuerto y adjudicar eventuales responsabilidades penales, la sociedad sigue esperando las respuestas de todos quienes participaron a nombre del Estado en la inadmisible entrega del Puerto de Montevideo.