¿Qué comemos? ¿Qué bebemos?

Enfrentamos un problema que es doble y simultáneo: la calidad de lo que comemos y bebemos muchas veces está comprometida, y a la vez, no contamos con información independiente, transparente y rápida para poder protegernos.

Acabamos de enterarnos que desde 2011, la Intendencia de Montevideo encuentra casos de aguas embotelladas contaminadas (1). Los problemas fueron diversos, pero causa alarma observar que incluyeron el hallazgo de colibacilos fecales o una variedad de la bacteria Pseudomona. La frecuencia tampoco es menor; en el primer trimestre de 2018 se aplicaron 41 exámenes y el 32% los resultados mostraron irregularidades en la calidad de esas aguas. Las autoridades municipales reaccionaron con diversas explicaciones y asegurando la calidad del producto.

Pocas semanas antes, un análisis internacional indicaba que frecuentemente el agua embotellada está contaminada con muy pequeñas partículas de plástico y que terminan en nuestro cuerpo (2). Se evaluaron muestras de once marcas en nueve países, terminando en que el 93% tenía contaminación por microplásticos. En nuestro continente las evaluaciones se realizaron en Brasil (Sao Paulo, Goiania y Rio de Janerio).

A su vez, en todo el mundo se está volviendo un problema creciente la contaminación del agua que en las ciudades llega a las canillas. Por ejemplo, casi toda Europa occidental debe lidiar con contaminación por nitratos, y a esto se suman los metales, por ejemplo en Francia e Inglaterra, y otros tóxicos en Alemania.

Entonces, desde el punto de vista de un vecino son comprensibles sus dudas y preocupaciones. Muchos creen que el agua de cañería que brinda OSE tiene problemas, y más allá de si eso es correcto o no, lo ciertos es que los episodios de malos olores o sabores, los cambios de color o los vahos del cloro, sumados a la opacidad informativa, alimentan los resquemores. Tampoco ayuda que nunca queda claro el resultado de las medidas para atacar la contaminación del Río Santa Lucía, mientras que OSE gasta dinero en videos promocionales.

Muchos dejan de tomar agua de la canilla y pasan a comprarla embotellada, temerosos de la contaminación en la primera y esperanzados de la pureza de la segunda. Pero ni siquiera así se puede tener total certeza de estar a salvo.

Otro tanto ocurre con la calidad de los alimentos. En los últimos días también se alertó sobre emprendimientos irregulares que vendían comida en mal estado por medio de la web. A nivel internacional la contaminación de los alimentos es una preocupación creciente. En éstos se encuentran agentes microbiales, químicos o físicos, y se suceden casos en todos los rincones del planeta.

Una reciente revisión apunta en especial a la contaminación de alimentos frescos, la presencia de bacterias (las que además, en algunos casos incluyen variedades resistentes a los antibióticos), y su ocurrencia en productos que son comercializados de un rincón a otro del planeta, con lo cual se multiplican los riesgos.

En cualquiera de estas situaciones la información es fundamental para decidir qué comer o qué beber. Pero el caso del agua embotellada en Montevideo dejó en evidencia otro asunto igualmente grave en esa dimensión. Esos datos no eran públicos, y la periodista que preparó el informe debió recurrir a un instrumento legal para acceder esa información. O sea, que esos datos no estaban a la mano del público. Las prioridades de la intendencia deberían reverse ya que, según su propio sindicato, parecería que se encamina a batir un record de gastos en publicidad, pero no comunica a los vecinos asuntos de enorme importancia como la calidad de los alimentos.

Es indispensable contar con al menos dos componentes y que deben ir de la mano uno con otro: el control riguroso sobre la calidad de los alimentos y el acceso libre e inmediato a la información de la evaluación de esa calidad.

Tampoco puede descuidarse el fortalecimiento del marco normativo, comenzando por tapar los huecos persistentes. En nuestro país, el gobierno permitió que las aguas y gaseosas dejaran de presentar la información sobre su composición, lo que es inaceptable. Ante esto, la senadora Carol Aviaga presentó hace años un proyecto de ley simple pero indispensable, que busca recuperar la obligación de contar con etiquetas que tengan esos datos (3). El consumidor debe tener acceso a la naturaleza y composición de sus alimentos, los datos sobre su plazo de validez, forma de conservación, e incluso los posibles riesgos para su salud.

No se entiende la tardanza en solucionar problemas como esos, y la lentitud parlamentaria. Buena parte de estas medidas no tienen costos significativos para el Estado o las empresas, con lo cual se levanta una de las grandes excusas para la inacción. Por lo tanto, es tiempo de actuar.

Todos estos hechos muestran que el país se ha atrasado en muchas salvaguardas para asegurar la calidad de los alimentos. Y en especial, estamos inmersos en muchas dudas sobre qué comemos y qué bebemos.


Notas

(1) Estudios confirman incumplimientos de empresas embotelladoras de agua, por L-Gandiolu, en La Diaria, 9 de junio de 2018, en https://rioabierto.ladiaria.com.uy/articulo/2018/6/estudios-confirman-incumplimientos-de-empresas-embotelladoras-de-agua/

(2) Synthetic polymer contamination in bottled water, por S.A. Mason y colaboradores (State University of New York), 2018, disponible en: https://orbmedia.org/sites/default/files/FinalBottledWaterReport.pdf

(3) Interpretación del artículo 17 de la Ley No 17 250 / 2000 sobre las relaciones de consumo y defensa del consumidor; proyecto de ley presentado por la senadora C. Aviaga,