“La sociedad uruguaya está en condiciones de reclamar nuevas formas de honestidad”

El año que cierra bien podría ser catalogado como el Annus Horribilis de la transparencia del sistema político uruguayo. Una lucha en la que nos sentíamos ganadores pero de cuya victoria aún estamos muy lejos.

Las denuncias sobre casos que involucraron a gobernantes y dirigentes políticos, aun siendo de diferente tenor y daño, salpicaron a los tres principales partidos. De hecho, el año se cierra con noticias sobre la lista de empresas que serán investigadas por una comisión del Parlamento que se ocupará del financiamiento de los partidos políticos y no parece quedar casi nadie a salvo.

La utilización de los poderes públicos para fines particulares, ya sean estos económicos o políticos, no sólo constituye un delito. Encierra acaso el mayor de los crímenes que se puedan cometer en democracia, como es sembrar la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de la República.

El dinero indebidamente apropiado y aún el que se dilapidó por mala gestión puede recuperarse con mayor o menor facilidad. La reputación de las instituciones a los ojos de los ciudadanos, es algo mucho más difícil de recuperar.

Algunos ingenuos (y otros que no lo son tanto) remarcan que, a pesar de todo, seguimos viviendo en el país menos corrupto del continente, pero omiten algunos detalles interesantes de las estadísticas: 1) nos comparamos con países extraordinariamente corruptos, 2) los datos son de autopercepción y, en todo caso, 3) somos el país que más empeoró en el último año medido.

El trabajo de la comisión investigadora sobre financiamiento de los partidos puede arrojar luz sobre ciertos vínculos perversos, con los que las democracias avanzadas tienen cada vez menos tolerancia. Las relaciones estrechas entre empresarios que financian y políticos que legislan "a la carta", así como la utilización de los dineros y espacios públicos para fines partidarios, son dos formas de corrupción que deberíamos haber desterrado.

Si bien los legisladores aumentaron los rigores de la ley en materia de financiamiento, sus prácticas recientes parecen indicar que, puestos a financiar campañas y organizaciones, caminan en sentido contrario.

La sensación amarga que deja la sospecha de que se compran bancas, se fondea dinero en financieras o se arman empresas y contratos públicos para la ocasión, no se mitiga por tratarse de pecados repartidos. Por el contrario, deberíamos preguntarnos si estas prácticas no alcanzaron ya proporciones sistémicas.

No obstante dejar atrás un "annus horribilis" en materia de corrupción, la sociedad uruguaya está en condiciones de subir el listón y reclamar nuevas formas de transparencia y honestidad. Construir y sostener un discurso público en el que los actores renuncien a las trampas argumentales, la utilización abusiva de las estadísticas, los golpes bajos, las chicanas, el adoctrinamiento, el avasallamiento, la demagogia y la cursilería, bien podría ser el desafío para el 2018.

Quizás no lleguemos muy lejos pero todo es empezar. Por poco que avancemos, le estaremos haciendo un gran servicio a la patria en vísperas de la inminente campaña electoral.

Que tengamos todos un feliz Año Nuevo.

Por Gerardo Sotelo