Para analista ambiental, "guerritas políticas" motivan los artículos de la LUC sobre áreas

Los artículos agregados a la Ley de Urgente Consideración, que modifican la forma en que se crean o amplían nuevas áreas protegidas en el país, generaron críticas por parte de la oposición, ambientalistas, académicos e incluso provocaron discrepancias en el seno de la coalición.

El Gobierno accedió a modificar la redacción de los artículos, que daban al propietario de las tierras poder de "veto" sobre la decisión de incluir nuevas áreas, pero los artículos sustitutivos también generaron resistencia. La inclusión o ampliación de nuevas áreas queda ahora supeditada a las disposiciones de ordenamiento territorial de cada departamento, y no al interés nacional.

El exdirector de la Dinama, Alejandro Nario, dijo a Montevideo Portal días atrás qué la pregunta fundamental es por qué se agregan estos artículos que "limitan la creación" de áreas. "¿Qué intereses se tocaron que hacen que se siga queriendo limitar el desarrollo de las áreas?", se preguntó.

Sobre este tema y la controversia generada entrevistamos a Eduardo Gudynas, investigador uruguayo especializado en temas de medioambiente y desarrollo, premiado con la cátedra Arne Naess en justicia global y ambiente 2016.

¿Cuáles son en su opinión los "intereses" que motivan (como han dicho figuras de la oposición) que se incluyan artículos en la LUC que limitan las áreas protegidas?

Entiendo que hay varias disputas diferentes pero que en parte se superponen. Hay ataques a la protección de sitios porque limitan emprendimientos económicos inmediatos, como pueden ser plantaciones forestales o minería, como parecería que ocurre en Quebrada de los Cuervos o en Paso Centurión. Otros ataques a las áreas naturales son más generales, rechazando regulaciones de usos del suelo en cualquier otra área protegida, presentándolo como defensa de la propiedad privada. Otros dicen que esas limitaciones son pérdidas económicas para los dueños de los predios dentro de un área, y entonces no se cuestiona tanto la protección de la Naturaleza sino que se reclama dinero como indemnización. Finalmente, también hay críticas en quienes dicen que las actuales áreas no funcionan como tales o que ya son suficientes y no habría casi más nada para agregar, como dijo el nuevo director de la DINAMA. Todo esto resulta una gran mezcla, unas guerritas, donde los reales argumentos no siempre son evidentes. En esas guerritas se siguen distintas razones pero todos ellos erosionan las capacidades de proteger el patrimonio natural de Uruguay.

La Sociedad de Productores Forestales se opuso a la ampliación de la Quebrada de los Cuervos, por ejemplo, algo en lo que concordó la intendencia de Treinta y Tres. ¿Cómo interpreta esa situación?

La oposición de la ampliación del área protegida de Quebrada de los Cuervos se volvió muy notoria por las acciones de grupos y personas que ahora están en el gobierno. El actual ministro de Ganadería y Agricultura (Carlos Uriarte) o el director del área forestal en ese ministerio (Carlos Faroppa), meses atrás, antes de entrar al actual gobierno, se opusieron a esa ampliación. Entonces aparecen en la LUC esos dos artículos misteriosos que tenían una redacción ambigua que en la práctica paralizaban la instalación de áreas protegidas. Esos dos artículos fueron tan desafortunados que se generó un enorme rechazo desde la ciudadanía y la academia, y claramente tuvieron que retroceder. Las soluciones negociadas que siguieron pasaban por indemnizaciones, y a esa idea enseguida se sumaron aquellos sectores que esperaban sacar una ventaja económica. Entonces sucede justamente la mezcla que indicaba antes: se van sumando actores con distintos intereses pero que desean recortar las áreas protegidas o recibir dinero a cambio. Los fines ecológicos de un área, que son la protección de las especies nativas de fauna y flora, desaparecen, y estamos discutiendo rendimientos económicos de particulares.

¿Considera que la nueva redacción de los artículos, que da mayor peso a las comunas, podría favorecer esta postura a la hora de impedir el ingreso de nuevas áreas?

Entiendo que las últimas propuestas que dan mayor participación a los gobiernos locales es lo que está quedando de esas "guerritas", son las negociaciones para un nuevo "armisticio". Pero es una mala solución en tanto confunden otra vez las competencias nacionales con las departamentales. Claro que es simpático decir que se otorgará esa participación a las autoridades departamentales y que cuando digo que eso es una mala solución se puede usar mucho slogan para criticarme. Pero le explico con una analogía: si las áreas protegidas fueran el cuidado de la salud del organismo ecológico uruguayo, las normas sanitarias las fija el Ministerio de Salud Pública. A nadie se le ocurre, hoy, en la pandemia, decir que aplicará una normativa departamental o que usará el cuidado de la salud pública para obtener dinero para un fondo de obras municipales. Esa distorsión es la que propone una de las últimas versiones de la LUC. Y otra vez, discutimos de plata y no de los fines ecológicos.

¿Cómo valora la reacción de los intereses forestales en comparación con la del sector agrícola ganadero, que también podría verse perjudicado por la ampliación de áreas?

 Es parte de esas guerritas donde hay distintos actores. La expansión de plantaciones artificiales de árboles ya es vista como una amenaza o riesgo para otros sectores como los ganaderos tradicionales o los que hacen agricultura. Entonces las disputas sobre las áreas protegidas a su vez se superponen en tensiones y contradicciones entre actores forestales de un lado y actores agrícola ganaderos tradicionales del otro. En estos últimos hay también muchas posiciones, desde quien por motivos culturales o afectivos desea proteger el bosque nativo del arroyo que cruza su campo a los que defienden la ganadería de pastoreo que pueden certificar como orgánica para exportarla. Para todos ellos la forestación es un riesgo o incluso una amenaza. Hay mucho de ese razonamiento detrás del proyecto de Cabildo Abierto de limitar el avance de la forestación en Uruguay. En estas tensiones los argumentos no son necesariamente ecológicos sino que oponen distintos usos productivos de la tierra.

¿Cómo evalúa el impacto que podría tener una ampliación de áreas en ambos sectores, el forestal y el agrícola ganadero?

Una ampliación de la superficie de áreas protegidas donde es más urgente tendrá un impacto insignificante en cualquiera de esos sectores. Eso se debe a que la proporción de la superficie destinada a la protección de la fauna y flora es tan pero tan pequeña, que las medidas de urgencia para un aumento siguen siendo menores. Estamos ahora en el 1 % de la superficie protegida, y buena parte de ella no impone medida de conservación más estricta sino que tolera varios usos agropecuarios. Entonces, pongamos por caso que las medidas más urgentes hagan ampliar esas áreas al doble, y por lo tanto estaríamos en el 2% de la superficie del país. Sería un cambio importante. Pero igual permaneceríamos al final de la tabla, entre los países del mundo que tienen la menor proporción de sus tierras protegidas.

Integrantes de un sector que integra la coalición, como Ciudadanos del Partido Colorado, han mostrado posturas muy distintas al respecto. ¿Cree que esa fractura se da a nivel del gobierno respecto a qué hacer con las áreas protegidas o que podría explicar los recientes cambios a los artículos?

Eso es muy interesante porque el ministro Uriarte, a cargo del MGAP y uno de los más conocidos miembros de Ciudadanos, ha cuestionado desde su práctica gremial la ampliación de las áreas, y el actual director forestal fue parte de una sociedad empresarial que en su esencia postula que una plantación de eucaliptos es ecológicamente análoga a un monte de espinillos y algarrobos. Pero del otro lado, Eduardo Blasina, otro conocido miembro de Ciudadanos, criticó en la prensa aquellos artículos originales contra las áreas protegidas en la LUC, e incluso en su última columna de opinión ha cuestionado la instalación de nuevos plantas de celulosa.

Entonces, esas guerritas entre los usos de la tierra y la protección ambiental se repiten dentro de cada agrupamiento político, y ahora estamos observado eso al interior de uno de los grupos del Partido Colorado. Lo mismo ocurre dentro del Partido Nacional, donde de un lado está por ejemplo el senador Sergio Botana que reclamaba recortar esas áreas y conseguir indemnizaciones económicas, frente a otros legisladores blancos que comprendieron que eso era inviable. Las posiciones contra la conservación de Uriarte y otros son tan extremas que entonces los dichos de Blasina asoman como un nuevo ambientalismo. Sin embargo, no puede pasar desapercibido que la idea de conservación de la naturaleza que esgrime Blasina es muy distinta a la que reclama la academia en ciencias ambientales, las organizaciones ambientalistas o los guardaparques. Recordemos, por ejemplo, que Blasina defendía los represamientos de agua como una forma de conservación, lo que desde el punto de vista de la ecología es insostenible.

¿Cómo valora el manejo del Sistema de Áreas Protegidas que hizo la anterior administración?

A mi modo de ver, unos cuantos aspectos de estas guerritas productivas y ecológicas deben ser analizadas en un contexto histórico inmediato que obliga a mirar al gobierno anterior. La ampliación de algunas áreas tomó muchos pero muchos años, y eso llevó a que se formalizaran casi a último momento en la administración Vázquez, lo que explica la actual polémica. A su vez, hubo muchas dificultades y lentitudes en tomar medidas concretas, y se daban rodeos, como nuevos estudios que volvían a confirmar y reconfirmar urgencias que estaban en su esencia muy claras, o largas campañas publicitarias, cuando la prioridad era, por ejemplo, alambrar un área protegida o colocarle un guardaparque. Eso se insertó a su vez en políticas nacionales en otros rubros, especialmente en economía, que eran hostiles a la protección de la Naturaleza. Esa contradicción está en evidencia en los planes de conservación de la biodiversidad o de desarrollo sostenible que se aprobaron en los gobiernos anteriores, y que no se lograron resolver. Esas guerritas que ya existían nunca se pacificaron sino que se aletargaron; los conflictos no se resolvieron con reglas claras. La cuestión, ahora, es si este nuevo gobierno de coalición podrá resolverlos o se repetirán las limitaciones a una política ambiental.