Organizaciones sociales finlandesas denunciaron ante la ONU contrato entre Uruguay y UPM

Este viernes fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el contrato firmado por el gobierno uruguayo con la empresa finlandesa UPM.

La denuncia presentada por organizaciones sociales finlandesas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas solicita "una auditoría independiente que determine la afectación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población por el contrato firmado en noviembre de 2017 entre la empresa UPM y el gobierno uruguayo", informaron desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).

La denuncia integra además la responsabilidad que le cabe a Finlandia por las acciones de UPM, en el entendido de que UPM "es una corporación transnacional en la que están involucrados intereses públicos y privados cruciales de Finlandia, los impactos en los derechos humanos de la mega inversión de UPM en la producción de celulosa en Uruguay son un ejemplo de condiciones con respecto a las cuales Finlandia es responsable de desarrollar un marco para garantizar que no descuida sus obligaciones".

Entre otras cosas se destaca en la denuncia que "numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay".

Desde MOVUS se han presentado en reiteradas ocasiones informes y denuncias, incluso ante la justicia, por lo que entienden una "continua violación de derechos que supone la obra de UPM en Durazno; obra que se realiza sin haber completado los estudios previos de línea de base y el sistema de dilución de los efluentes requeridos en la autorización ambiental previa de la planta de celulosa".

Cabe recordar que en noviembre la Justicia desestimó la demanda de Movus contra la empresa finlandesa UPM. La decisión estuvo a cargo de la jueza Magela Otero e implica que no se frenarán las obras de la construcción de UPM II, que se están desarrollando en Pueblo Centenario, Durazno.