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El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) emitió un comunicado relacionado a la “contaminación” del “vivero de UPM”, cercano a la ciudad sanducera de Guichón.
Se trata del vivero Santana, que pertenece a Forestal Oriental, una sociedad anónima cuyo propietario es en un 100% UPM Uruguay.
El texto señala que “durante años” el vivero Santana hizo un uso indebido productos químicos no autorizados para su actividad. Tiempo atrás, se hizo un informe por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que “detectó 17 productos en infracción”, los que, por disposición inadecuada y mal manejo, terminaron contaminando uno de los cursos de agua superficiales de la zona, de acuerdo con el movimiento.
“Las repetidas quejas de los vecinos, profusamente documentadas, generaron una ‘advertencia’ del Ministerio de Ambiente que nunca impuso a la empresa la suspensión de sus actividades y que culminó en una notificación de multa, contestada por la empresa y cuyo cobro nunca fue confirmado por el ministerio”, señala el texto.
Asimismo, agrega que el MGAP, cuyos laboratorios confirmaron la contaminación, anunció otra multa, pero el comunicado señala que, “ante la presión de la empresa”, terminó autorizando “el uso de todos los productos involucrados”, incluso varios de ellos prohibidos, por ejemplo, por la Comunidad Económica Europea.
“En estos días los vecinos volvieron a constatar vertidos inadecuados por parte de UPM los que produjeron en primera instancia la coloración rojiza de la cañada cercana, afluente del Queguay, alrededor de la cual encontraron agonizantes varios ejemplares de mulita”, señala el comunicado.
Por lo anteriormente mencionado, el Movus entiende que se deben tomar medidas “drásticas y serias” para “evitar la repetición” de estos hechos, que atentan contra uno de los recursos más preciados de nuestro territorio, “que es el agua”. Además, reclaman por la “suspensión de la actividad de esa instalación” hasta que la empresa “pueda asegurar la correcta utilización de los productos químicos” ahora autorizados por la cartera de Ganadería.
“La empresa debiera instalar a su costo un sistema automático de detección y medición de los químicos que vierte en sus efluentes con acceso público en tiempo real que permita el conocimiento y control, especialmente por los habitantes de la zona, de su comportamiento ambiental”, señalan.
Finalmente, comunican que el hecho se denunció ante el Ministerio de Ambiente.
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