En julio de este año, Montevideo Portal divulgó algunas imágenes de cazadores captados por cámaras trampa (usadas para monitorear la fauna del país) en un artículo sobre la situación de los pecaríes en Uruguay.

Los pecaríes, especie que desapareció de Uruguay a fines del siglo XIX, fueron reintroducidos en 2017 a instancias de un proyecto del bioparque M'Bopicuá, de Montes del Plata. A mediados de este año, sin embargo, se comprobó que cazadores furtivos habían cazado varios ejemplares en el río Uruguay.

Las cámaras que mostraban la presencia de los cazadores, en realidad, no están pensadas para seguridad ni se usan para ello. Las llamadas cámaras trampa (que se activan con el movimiento) son un insumo fundamental para los investigadores de fauna del país y para el monitoreo de muchas especies, incluyendo a los pecaríes.

Pese a que no son usadas para denunciar episodios de caza furtiva, en los últimos tiempos se convirtieron en víctimas frecuentes de los cazadores, que las vandalizan o roban para eliminar los registros. Sin embargo, esta conducta puede resultarles un arma de doble filo de aquí en más, ya que se están colocando algunas cámaras que transmiten las imágenes en forma inalámbrica y guardan con claridad los registros de los infractores (se destruyan luego o no).

Lo ocurrido con los trabajos de la bióloga Alexandra Cravino, de la Facultad de Ciencias, es un buen ejemplo de que esta clase de vandalismo afecta no solo lo económico sino principalmente la generación de conocimiento sobre fauna y medioambiente en Uruguay, insumo esencial para la toma de decisiones para preservar nuestro patrimonio natural.

Del centenar de cámaras que Cravino colocó en varios puntos del país, 14 desaparecieron este año, cinco fueron destruidas y más de 20 tarjetas de memoria fueron robadas. En el 2020 la bióloga tuvo 40 cámaras sin datos, lo que dificulta no solo su tesis de doctorado sino que impide obtener información fidedigna de lo que está sucediendo con varias especies, incluyendo algunas en situación sensible como los pecaríes. En comparación, en 2015 y 2016 Cravino solo experimentó robo o vandalismo en dos cámaras.

Hay zonas de especial interés y montes nativos en los que, por ejemplo, ya no coloca cámaras para evitar robos. Estos datos son esenciales para su tesis -que continúa el trabajo de evaluación de áreas protegidas que hizo para su tesina, al estudiar el impacto de actividades productivas como la forestación en los mamíferos de mediano y gran porte en Uruguay- pero su desaparición también revela las dificultades adicionales a las que se enfrentan los investigadores a la hora de hacer trabajos de campo esenciales para el país.

Imagen captada por cámara trampa

Un daño para todos

Cravino explicó a Montevideo Portal que hay tres tipos de conductas delictivas con las cámaras: el robo de la tarjeta de memoria (con el que solo se intenta borrar el registro de las imágenes pero que es sumamente perjudicial para los investigadores), el robo de la cámara entera -que puede ser obra de cazadores furtivos pero también de oportunistas- y la destrucción de las cámaras para inutilizarlas. Cravino ha encontrado incluso algunas cámaras "macheteadas".

"La plata es lo de menos si pienso en lo otro que se pierde", dijo. Por ejemplo, tiempo muy valioso, ya que para colocar las cámaras se precisa realizar un diseño de investigación en el campo, establecer contactos con los dueños de los predios, concurrir a lugares lejanos para hacer el muestreo, etcétera. A veces se consumen fines de semana o días libres que los investigadores piden en sus trabajos.

"Lo peor es que uno tiene que buscar ya el lugar de la cámara pensando en que no la roben o la dañen, y eso ya sesga el muestreo", explicó. Incluir el factor robo en los estudios no solo introduce un sesgo inconveniente sino que además reduce muchísimo el margen de acción de los dispositivos. Este factor distorsivo es tal que ha sido tenido en cuenta incluso en trabajos académicos extranjeros.

En su trabajo, Cravino usa categorías para definir, por ejemplo, si apareció o no apareció la especie de su interés. La nueva realidad la obligó a incluir con más frecuencia la categoría "sin datos", a tal punto que tendrá que incluir lo que está ocurriendo en la discusión de su tesis.

Otras víctimas

El caso de Cravino está lejos, lamentablemente, de ser el único. La bióloga Matilde Alfaro, docente del CURE, impulsó este año un proyecto de investigación de palmares con una estudiante del CURE de Maldonado que realiza su tesis de grado. Colocaron a comienzos de este año 15 cámaras para investigar el rol de algunas aves en la dispersión de semillas del butiá.

Cuando volvieron meses después a retirar las tarjetas de memoria y analizar los resultados, descubrieron que no quedaba una sola cámara.

Desesperada por esta situación, Sofía (la estudiante del proyecto) publicó un mensaje en redes pidiendo ayuda para recuperar las cámaras y la información.

Su mensaje se difundió masivamente e Inmediatamente comenzó a recibir mensajes anónimos de cazadores que querían devolver algunas cámaras, ya que aseguraban que las habían comprado. Uno de los mensajes aportó incluso la dirección de uno de los cazadores e indicó que muchas cámaras estaban allí.

La Policía concurrió al lugar y efectivamente logró recuperar once cámaras y ocho tarjetas de memoria. La información, lamentablemente, había sido borrada, cuenta Alfaro a Montevideo Portal. Los ladrones de las cámaras, informó la Policía, son adolescentes que dicen haberlas robado para venderlas y que las entregaron a cazadores. Si estos cazadores piden a los adolescentes especialmente que roben estas cámaras es algo que todavía no se pudo comprobar, pero es un hecho que eran ellos quienes las tenían y que sabían que eran robadas.

Alfaro dijo a Montevideo Portal que la pérdida de los datos retrasó un año la investigación y que la estudiante se vio obligada a rever otros objetivos y nuevas estrategias de trabajo para no atrasar todos sus estudios. "Esto implica pérdida de trabajos que se hacen para conservar especies, para generar información útil para las áreas protegidas; es un montón de información que se pierde porque venden las cámaras por dos pesos sin saber el daño que se genera", dijo Alfaro.

Otros investigadores del CURE tuvieron problemas similares con sus cámaras, aunque no con el mismo grado de daño sufrido por Alexandra, Matilde y Sofía.

Machetazos en el árbol y cámara ausente

Operativos de la Policía

Al igual que ocurrió con la caza de pecaríes hace pocos meses, las jefaturas locales de Policía fueron advertidas sobre lo que está ocurriendo y se comprometieron a trabajar al respecto.

Cravino apuntó que aunque desde 2014 aparecen cazadores furtivos en sus cámaras, antes no sufría robos. Nunca usó las imágenes para denunciar nada a la Policía -una de las motivaciones de los cazadores para dañar las cámaras- ya que no es ese el objetivo de su investigación. Sin embargo, paradójicamente son los cazadores los que la están forzando a hacerlo debido al vandalismo de los dispositivos.

La bióloga pudo contactarse con autoridades policiales locales para denunciar los hechos y explicar su preocupación.

Como resultado, la Policía se comprometió a coordinar entre secciones de diferentes localidades para generar una red de monitoreo y recorridas para controlar abigeato, caza de especies nativas, intromisión en propiedades privadas y robo de estos equipos, ya que se entiende que todas estas modalidades están relacionadas.

Las autoridades policiales cuentan también para su investigación con las imágenes captadas por algunas de las cámaras cuando cazadores o intrusos intentan dañarlas o robarlas.

Tanto Cravino como Alfaro y otros investigadores que han sufrido estos daños intentan rastrear las cámaras o el material que contenían. Insisten, por eso, en que es especialmente importante en que si un ciudadano ve que están vendiendo estas cámaras lo notifique. Por ejemplo, se puede enviar un mail a acravinomol@fcien.edu.uy. "Son meses de trabajo, esfuerzo y datos que no se recuperan", explicó Cravino al solicitar asistencia en redes sociales.

Estos robos no solo generan preocupación en los investigadores. Para dañar o hurtar las cámaras, los cazadores ingresan a predios privados, armados y sin autorización. Una de las cámaras robadas a Cravino se encontraba a solo 100 metros de la casa de Amalia Etcheverrigaray, expresidenta de la Asociación Rural de San José, que denunció también estos hechos.

Amalia asegura que cazadores furtivos entran todo el tiempo al predio y que hay correlación entre estos hechos y el abigeato, por ejemplo. Investigar y resolver estos hechos, asegura, no solo va a resultar un avance grande para a quienes investigan con cámaras trampa sino "para todo el país".