La tecnología de esta empresa convierte a los migrantes en ‘presa fácil’ para Trump

Por The New York Times | Paul Mozur, Adam Satariano and Aaron Krolik 

Cuando un migrante hondureño llegó a Estados Unidos en 2022, los funcionarios le ordenaron que utilizara una aplicación proporcionada por el gobierno como parte de un programa de vigilancia migratoria.

Al menos una vez a la semana, el migrante, un expolicía hondureño que vivía en Luisiana, se tomaba una selfi con la aplicación, que funciona mediante reconocimiento facial, para confirmar su identidad y ubicación. Al entregar parte de su privacidad, a cambio evitó ser internado en un centro de detención y obtuvo un permiso de trabajo.

En febrero, recibió un mensaje: debía presentarse en una oficina de migración para que se actualizara la tecnología de seguimiento. Cuando llegó, lo esperaban agentes federales. Lo esposaron y lo subieron a un vehículo con destino a un centro de detención, donde ha permanecido desde entonces, según el relato de su esposa y de Jacinta González, responsable de programas del grupo de defensa MediaJustice, quien trabaja con el migrante detenido. Tanto él como su esposa declinaron dar su nombre por temor a perjudicar su proceso judicial.

El fabricante de la aplicación que había utilizado era Geo Group, el mayor operador de prisiones privadas de Estados Unidos. En la última década, la empresa también ha creado un lucrativo negocio paralelo de herramientas digitales —monitores de tobillo, relojes inteligentes y aplicaciones de seguimiento, entre otras cosas— para vigilar a los migrantes en nombre del gobierno federal.

Esos productos están ayudando ahora a los esfuerzos de deportación del presidente Donald Trump al proporcionar el paradero de migrantes no autorizados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), según grupos de ayuda legal y organizaciones de migración. No se han publicado cifras sobre el número de detenciones realizadas gracias al programa de vigilancia digital, pero los grupos de ayuda legal calculan que fueron al menos cientos. Más de 30.000 migrantes fueron detenidos en los primeros 50 días del mandato de Trump, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés).

“Estas son las personas a las que precisamente se vigila”, dijo Laura Rodríguez, abogada del Comité de Servicio de Amigos Americanos, organización de ayuda legal de Nueva Jersey con varios clientes detenidos en el programa de vigilancia. “Son presa fácil”.

El uso de la tecnología de Geo Group ha convertido a la empresa en uno de los grandes ganadores empresariales del gobierno de Trump hasta el momento. Mientras Trump recorta costos en todo el gobierno federal, sus agencias han otorgado a Geo Group nuevos contratos federales para alojar a migrantes no autorizados. Y el DHS está sopesando la renovación de un contrato de larga duración con la empresa —que tuvo un valor de unos 350 millones de dólares el año pasado— para rastrear a las aproximadamente 180.000 personas que están ahora en el programa de vigilancia.

Los legisladores republicanos y los asesores del gobierno también han pedido una mayor vigilancia de los migrantes, incluido un mayor seguimiento de su ubicación y una aplicación más estricta de los toques de queda.

Las políticas de Trump en materia de migración han disparado el precio de las acciones de Geo Group y las han mantenido a flote incluso cuando el mercado bursátil se tambalea. Aunque la vigilancia digital solo genera alrededor del 14 por ciento de sus 2400 millones de dólares de ingresos anuales, la empresa, con sede en Boca Ratón, Florida, ha dicho que su vigilancia de migrantes podría más que duplicarse. Los márgenes de ganancia en el negocio del monitoreo rondan el 50 por ciento.

“Geo Group se creó para este momento único en la historia de nuestro país y para las oportunidades que traerá consigo”, dijo George Zoley, fundador de la empresa, en una llamada con inversores días después de que Trump fuera elegido.

El programa de seguimiento que supervisa Geo Group, denominado Alternativas a la Detención, se creó para vigilar a los migrantes no autorizados que se enfrentan a una posible deportación. En lugar de ser internados en centros de detención o puestos en libertad sin supervisión, los migrantes reciben dispositivos de localización. Deben responder rápidamente a las alertas enviadas a los aparatos para confirmar su paradero, o se arriesgan a ser castigados.

El programa pone de relieve el creciente papel de la tecnología en la vigilancia de las fronteras, ya que la demanda de herramientas digitales poderosas abre vías lucrativas para la industria privada al tiempo que amplía la autoridad gubernamental. El auge ha beneficiado a empresas como Palantir, Anduril y Cellebrite, que han conseguido contratos gubernamentales.

Los partidarios alabaron la eficacia y el ahorro de costos de las herramientas de Geo Group, pero los críticos advirtieron que el uso de la tecnología podría conducir a una vigilancia más profunda de las comunidades de migrantes.

“El gobierno lo presenta como una alternativa a la detención”, pero “nosotros lo vemos como una ampliación de la detención”, dijo Noor Zafar, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Al mismo tiempo, los productos de Geo Group han tenido fallos y han sido caros, según más de una decena de empleados y exempleados y funcionarios del gobierno, así como de acuerdo a una revisión del contrato federal de la empresa y otros registros.

Cada vez que un migrante envía una selfi para registrarse a través de la aplicación SmartLink de la empresa, lo que puede ocurrir millones de veces al año, el gobierno federal paga aproximadamente un dólar, según partes del contrato gubernamental de Geo Group obtenidas por The New York Times. La empresa cobra tres dólares al día por cualquier migrante que lleve su reloj inteligente VeriWatch. Si se pierde el reloj, Geo Group factura al gobierno 380 dólares, más del costo de un Apple Watch SE.

El ICE dijo en un comunicado que el programa de monitoreo “aumenta eficazmente los índices de comparecencia ante los tribunales y el cumplimiento de las condiciones de puesta en libertad”. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los intentos de modificar el programa y abrir el contrato a ofertas competidoras se han visto obstaculizados por el cabildeo y las conexiones de Geo Group en el Capitolio y dentro del ICE, según funcionarios de alto rango del DHS y miembros del personal del Congreso. Algunos altos cargos del ICE han pasado a trabajar en la empresa.

Geo Group remitió al ICE las preguntas sobre cómo utiliza el gobierno de Trump su tecnología de monitoreo. En un comunicado, Geo Group dijo que “nunca hemos abogado a favor o en contra, ni hemos desempeñado nunca un papel en el establecimiento de políticas de aplicación de las leyes de inmigración”. La empresa añadió que sus servicios están “estrechamente supervisados de acuerdo con las estrictas normas contractuales del gobierno”.

De las prisiones a la vigilancia

Zoley, cuya familia se trasladó a Estados Unidos desde Grecia cuando era niño, fundó Geo Group en 1984 como división de un negocio de guardias de seguridad. Cuando la población reclusa se disparó en la década de 1980, la empresa se amplió a la gestión de prisiones privadas. Ahora tiene unas 100 instalaciones.

En 1986, Geo Group obtuvo un contrato del ICE para construir una instalación de procesamiento de migrantes en Aurora, Colorado, con capacidad para 150 personas. En la década de 2000, la migración se había convertido en un negocio importante, que fluctuaba en función de quién estuviera en la Casa Blanca y qué partido controlara el Congreso.

Para diversificarse, Geo Group recurrió a la vigilancia digital. En 2011, la empresa pagó 415 millones de dólares por Behavioral Interventions, una empresa de Colorado fundada en la década de 1970 para rastrear ganado y que se había ampliado al monitoreo de personas en libertad condicional. Behavioral Interventions tenía un contrato exclusivo con el ICE para vigilar digitalmente a miles de migrantes recién llegados.

Zoley calificó la adquisición de “transformadora”. Las circunstancias le dieron la razón cuando el gobierno invirtió cientos de millones de dólares en la vigilancia remota de migrantes durante la década siguiente, especialmente durante el gobierno de Biden.

La idea era que la vigilancia a distancia de los migrantes en proceso de expulsión reduciría la carga de los ya saturados centros de detención, aliviaría a los funcionarios del ICE del trabajo pesado y ahorraría dinero. Vigilar digitalmente a un migrante cuesta unos 4,20 dólares al día, frente a unos 150 dólares al día en un centro de detención, según el ICE.

“El programa tiene por objeto asegurarnos de que sabemos quiénes son estas personas y de que están bajo un nivel adecuado de supervisión”, dijo Deborah Fleischaker, jefa de personal del ICE durante el gobierno de Biden.

En 2022, más de 300.000 migrantes estaban inscritos en el programa. Las ventas de Geo Group se dispararon, pero los ingresos cayeron en 2023.

La empresa presionó para ampliar la vigilancia, dijo Jason Morín, profesor de ciencias políticas de la Universidad Estatal de California, Northridge, quien estudia a Geo Group. En vísperas de las elecciones de 2024, una filial de Geo Group aportó más de 2 millones de dólares en contribuciones de campaña a candidatos republicanos, la mayor parte a grupos que apoyaban a Trump y a los que se presentaban al Congreso, según los registros de la Comisión Federal Electoral.

Los analistas de Wall Street incluyeron a Geo Group, que tiene unos 18.000 empleados, en las ideas de acciones que obtendrían buenos resultados si Trump era elegido. Sin competencia real, algunos estimaron que el negocio de vigilancia digital de la empresa generaría unos ingresos acumulados de casi 700 millones de dólares hasta 2026. Entre sus mayores accionistas se encuentran BlackRock y Vanguard.

Vivir dentro de un radio

Para muchos migrantes no autorizados que no son detenidos en la frontera, el peligroso viaje a Estados Unidos termina dentro del sistema de vigilancia de Geo Group.

Tras entregarse a los funcionarios de migración, reciben una tobillera, un reloj inteligente o un teléfono móvil con la aplicación de vigilancia de la empresa. En lugar de ser supervisados por funcionarios del ICE, son vigilados por especialistas de caso de Geo Group.

Con este programa, los migrantes viven más libremente en Estados Unidos durante un proceso legal que puede durar años. La desventaja es un monitoreo constante. La aplicación de Geo Group tiene permiso para rastrear continuamente la ubicación del usuario, según un análisis de su código realizado por el Times.

Un trabajador social de Geo Group en el noreste, que no quiso ser identificado por temor a represalias, describió el uso de un programa similar a Google Maps para comprobar la ubicación de los migrantes. Si los migrantes no estaban en casa o mentían sobre su paradero durante una revisión, recibían un primer aviso. Si un migrante recibía tres avisos, el especialista de caso informaba a un agente del ICE, quien podía aumentar el monitoreo, detener a la persona o acelerar su deportación.

Los empleados de Geo Group de las oficinas locales, desde Massachusetts a Alabama, dijeron que a menudo habían tenido problemas para supervisar simultáneamente hasta 300 migrantes. El trabajador social del noreste recordó que le habían pedido que hiciera 12 visitas domiciliarias a migrantes en un solo día. Cada una se limitaba a cinco minutos, a pesar de que se le exigía que hiciera un informe completo sobre las condiciones de vida del migrante, dijo. Geo Group cobró al DHS hasta 88 dólares por visita.

Las personas vigiladas ven limitados sus desplazamientos, dijeron abogados y grupos de defensa de los derechos de los migrantes. Si los migrantes salen de una zona determinada en la que pueden estar, el software alerta a los funcionarios encargados de los casos. Dado que muchos controles de revisión deben realizarse desde casa en un día determinado —por ejemplo, un viernes de 9 a. m. a 5 p. m.—, a menudo las personas se deben quedar esperando, lo que afecta a su capacidad para trabajar o realizar determinadas tareas cotidianas.

“Cualquiera que sea el radio impuesto, se convierte en el tamaño de su vida”, dijo Laura Rivera, abogada principal de Just Futures Law, que se centra en el uso de la tecnología para hacer cumplir las leyes migratorias.

Geo Group almacena los datos recogidos en el programa de vigilancia en sus servidores privados, lo que dificulta el acceso y el análisis por parte del gobierno, dijeron funcionarios y exfuncionarios del ICE. Exempleados de la empresa describieron problemas técnicos, como depender de servidores anticuados que se bloqueaban con frecuencia, baterías débiles en los relojes inteligentes de la empresa y un fallo por el que la aplicación a veces no indicaba a un migrante que se hiciera una revisión de control, lo que podía acarrear una sanción.

Mantener el contrato

En 2022, mientras el negocio de seguimiento digital de Geo Group se disparaba, algunos funcionarios del gobierno de Biden en el Departamento de Seguridad Nacional cuestionaron el costo y la eficacia del programa de seguimiento.

Los funcionarios del DHS se reunieron para redactar un plan para cambiarlo, que incluía normas para evaluar el riesgo de cada migrante de cometer un delito o huir y qué vigilancia merecía, dijeron seis personas familiarizadas con las conversaciones que solicitaron el anonimato para poder hablar de las deliberaciones internas. Los funcionarios querían dividir el contrato en tres partes para solicitar nuevas ofertas, dijeron estas personas. Más o menos al mismo tiempo, se pidió a los técnicos del DHS que desarrollaran alternativas más baratas a Geo Group.

Las maniobras pusieron en peligro la participación de Geo Group en el programa de vigilancia, con importantes implicaciones financieras para su cuenta de resultados. La empresa empezó a presionar para desbaratar los planes, según funcionarios de la agencia y miembros del personal del Capitolio.

Los conservadores y algunos funcionarios de carrera del ICE se unieron a ellos. Thomas D. Homan, que entonces trabajaba para un grupo conservador de migración y ahora es el zar de fronteras de Trump, escribió un editorial en Breitbart en el que atacaba los planes y al funcionario de nivel medio del gobierno de Biden responsable de ellos. Un grupo conservador creó un sitio web dedicado a atacar al funcionario.

Daniel Bible, jefe de operaciones de ejecución y expulsión del ICE en aquel momento, también paralizó los cambios ordenando largas revisiones y retrasando las aprobaciones, dijeron dos personas. El año pasado se incorporó a Geo Group como ejecutivo. No respondió a un mensaje para hacer comentarios.

Los esfuerzos acabaron muriendo y los planes para desarrollar alternativas más baratas a la tecnología de Geo Group nunca pasaron de las pruebas.

Geo Group dijo que las acusaciones de que había bloqueado cambios en el programa de vigilancia “forman parte de un esfuerzo politizado de los grupos de fronteras abiertas para interferir en los esfuerzos del gobierno federal por hacer cumplir la ley de inmigración y abolir la aplicación de la ley de inmigración en general”.

Desde que Trump asumió el cargo, menos migrantes han cruzado la frontera, ya que el presidente ha firmado leyes como la Ley Laken Riley, que obliga a aumentar las detenciones de migrantes con antecedentes penales en instalaciones como las que posee Geo Group.

La nueva ley también podría requerir “un aumento significativo de la vigilancia electrónica”, dijo Zoley en una llamada de resultados en febrero, añadiendo que su empresa estaba preparada para aumentar su vigilancia “en varios cientos de miles y hasta varios millones de participantes, según sea necesario”.

La tecnología de Geo Group ha ayudado repetidamente a los agentes del ICE a llevar a cabo deportaciones, dijeron grupos de asistencia legal. En enero, agentes del ICE de Georgia siguieron a un migrante hasta un lugar de trabajo y lo detuvieron, mientras que a otro lo agarraron a la puerta de una iglesia, dijeron los grupos. Más recientemente, un migrante de Nueva Jersey recibió una llamada de un empleado de Geo Group pidiéndole que saliera de su casa porque el rastreador no recibía señal. Los agentes lo estaban esperando afuera.

Los grupos de ayuda legal dijeron que temían que la vigilancia se utilizara pronto para hacer redadas de mayor envergadura. En 2019, durante el primer gobierno de Trump, unos agentes de Misisipi utilizaron los datos obtenidos de las herramientas de Geo Group para conseguir una orden de registro de una planta de procesamiento de pollos. La redada subsiguiente, que incluyó centros de trabajo de todo el estado, condujo a la detención de 680 migrantes.