En un decreto, el Poder Ejecutivo habilitó la caza nocturna y amplió el territorio donde se puede practicar la actividad, que llega más cerca de poblados y escuelas. Este decreto, el 138, del pasado 26 de abril, modificó los artículos 3 y 5 del decreto 164/996 cambiando las condiciones de la caza en Uruguay y generó una ola de repercusiones negativas tanto a nivel político como de organizaciones sociales.

Por ejemplo, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust presentó un recurso de revocación ante Presidencia y expresó que el cambio en la reglamentación beneficia “a ‘empresarios del turismo’ que traen extranjeros a hacer lo que en su país no pueden”. Este mismo recurso fue presentado simultáneamente por las ONG Animales Sin Hogar y Trato Ético Animal.

La última organización sin fines de lucro nombrada emitió un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente pretendiendo conocer datos relativos a los fundamentos del Decreto 138/022, así como los informes técnicos que “deben haberse tenido en cuenta antes de emitir” la normativa. Además, solicitaron acceder a toda la carpeta preparativa del decreto para “estudiar la participación de los organismos técnicos y no técnicos involucrados y sus fundamentos”.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, dependiente de Ambiente, respondió al pedido y afirmó que “no existen informes técnicos de la Unidad de Fauna ni otros antecedentes pertinentes en relación con la modificación introducida” en el decreto. Por tanto, dijeron, “no es posible brindar información solicitada”. Ambiente, una vez cumplida con la respuesta, pidió notificar a la persona que solicitó la información y que se archive el caso.

Montevideo Portal dialogó con la presidenta de la ONG Trato Ético Animal, Rita Rodríguez, quien aseguró que con esta respuesta se confirma que el decreto surge de una “intencionalidad personal” y “poco mediado” por un estudio que indique que la modificación beneficie al país o a la sociedad. “Tenemos la confirmación de que no se analizó la situación para fomentar una actividad de cacería en el país y mucho menos de caza deportiva”, indicó.

En este sentido, señaló que la ausencia de un análisis previo a que se apruebe el decreto sobre las repercusiones medioambientales, de biodiversidad y ecosistémicas es “absolutamente negativo y preocupante” porque no solamente afecta a los animales exóticos o considerados plagas, sino también a las especies nativas del país.

“Tiene fuerte impacto a nivel ambiental y por supuesto social porque fomenta una actividad de muerte como deportiva cuando en el resto del mundo está retrocediendo. Esto no surge de una necesidad social general, ni una necesidad del país por la cual se haya relegado una situación preocupante que determine que se haya hecho este decreto, sino que simplemente surge de la mano de propuestas de los cazadores. No se hace un estudio de impacto y sale directamente como un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por tres ministros que no recibieron ningún tipo de informe que lo avale”, dijo.

Finalmente, la activista sostuvo que la preocupación es en varias dimensiones y destacó una de ellas, que es la política partidaria. Rodríguez dijo que el Partido Nacional tiene en su programa la desestimulación de la caza porque esta actividad fomenta la jaurías de perros y en consecuencia los ataques a la producción rural. “Eso lo contradice”, destacó.

Finalmente, Rodríguez informó que se encuentran aguardando otros pedidos de informes que hicieron a otras carteras. Según contó, hicieron lo propio con el Ministerio de Turismo y con el de Ganadería Agricultura y Pesca. “Estamos aguardando respuestas”, concluyó.

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