Europa teme que el costo de iniciativas contra el cambio climático esté caldeando ánimos

Por The New York Times | Liz Alderman

PARÍS — Estridentes manifestaciones contra las elevadas facturas del suministro eléctrico en España. Peticiones de protección social por el cierre de las minas de carbón en Grecia. Nuevas protestas en las zonas rurales y los pueblos pequeños de Francia por los fuertes aumentos a los precios de la gasolina.

Mientras los dirigentes mundiales se reúnen en la conferencia de las Naciones Unidas en Glasgow, Escocia, para hacer frente a la amenaza del cambio climático, la atención está virando hacia uno de los mayores riesgos relacionados con la descarbonización del planeta: que los costos de la transición a las energías limpias desencadenen una reacción populista negativa.

Estas preocupaciones tienen gran importancia sobre todo en Europa, donde los legisladores están alertando cada vez más sobre las probabilidades de que se presenten disturbios sociales y de que surja un debilitamiento del apoyo de la población si el costo que implica cambiar los combustibles fósiles baratos recae con demasiada fuerza sobre las familias pobres y de ingresos medios.

“La transición relacionada con el cambio climático sigue representando un riesgo para todas las democracias debido a que será muy costosa, mucho más de lo esperado”, señaló Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia, en una entrevista reciente.

“Si no somos cautelosos, corremos el riesgo de tener otro movimiento de chalecos amarillos”, el cual podría surgir “en toda Europa”, aseveró.

Esas manifestaciones desenfrenadas de Francia en 2018, mismas que recibieron su nombre por los millones de personas que usaban chalecos fosforescentes de emergencia como símbolo de peligro económico, están grabadas en la mente de muchos líderes europeos mientras avanzan con las políticas para que antes de 2050 el continente deje de despedir emisiones de carbono. Las manifestaciones comenzaron como una protesta por el aumento a los impuestos del combustible instaurado por las élites de París y derivaron en un contraataque a nivel nacional sobre la desigualdad y la inseguridad económica.

El apremio por evitar más inconformidades destaca el reto que enfrentan casi todos los países industrializados que participan en la conferencia de Glasgow, conocida como COP26. Los mítines de los chalecos amarillos en 2018 recalcaron de una manera contundente, y en ocasiones violenta, el riesgo de perder la participación política de los ciudadanos que tienen que asumir los costos cada vez más altos de conducir un automóvil, calentar su casa y usar aparatos electrodomésticos.

“La gente tiene que pensar en el fin de mes antes de poder pensar en el fin del mundo”, comentó Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de la ONU.

“Si los gobiernos se olvidan de incorporar en sus políticas de transición relacionadas con el calentamiento global las consecuencias sobre el mercado laboral, sobre los costos para la sociedad y sobre la idea de justicia, la gente dejará de apoyar las medidas relacionadas con el cambio climático”, añadió.

El jueves, Estados Unidos avanzó hacia la mayor iniciativa que jamás haya planteado para abordar el cambio climático al reservar 555.000 millones de dólares del enorme proyecto de ley de asignaciones del presidente Joe Biden e incluir incentivos financieros para alentar el uso de energía eólica, solar y nuclear.

Europa ha presentado su propio y ambicioso programa para apartarse de los combustibles fósiles durante los próximos nueve años, junto con políticas destinadas a garantizar una “transición justa” para las personas vulnerables, ya que los esfuerzos para cumplir las metas relacionadas con el cambio climático afectan de manera directa la vida y el sustento de millones de personas.

No obstante, los precios en aumento de la energía han complicado las elevadas metas de Europa y han hecho que los gobiernos tengan problemas para contrarrestar sus efectos sobre los hogares mientras aumentan las muestras de malestar popular.

Europa ha recurrido mucho al gas natural para proporcionarles energía a las casas y a las empresas mientras construye infraestructura para energías limpias. Eso está haciendo que el continente sea vulnerable a los precios fluctuantes como resultado de la recuperación global de la pandemia y también está provocando una división entre los países que ven la crisis como un motivo para retrasar —o acelerar— una transición hacia las energías limpias. En Grecia, el gobierno está tratando de calmar la ira al reorientar el dinero que gana con su esquema comercial por las emisiones de carbono hacia subsidios para la energía de los hogares, al tiempo que se asegura de difundir que los fondos proceden de un instrumento para combatir el cambio climático.

“Necesitaremos este tipo de mecanismos para garantizar que los pobres no paguen el precio”, señaló en una entrevista el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. “Porque si eso sucediera, generaría una avalancha en contra de la transición hacia las energías limpias que perjudicaría todos los esfuerzos”.

Incluso antes de la reciente crisis energética, algunos gobiernos ya estaban advirtiendo que tal vez los europeos no estuvieran listos para hacer los sacrificios necesarios para tener un futuro sin carbono. Más allá del problema a corto plazo por las facturas del suministro de energía están los retos estructurales a más largo plazo derivados de un cambio fundamental en la economía global a medida que se aparta de los combustibles fósiles.

Una alteración radical de la manera en que se producen los bienes y servicios afectará millones de empleos en áreas tan diversas como la energía, la agricultura, la construcción, el transporte, las finanzas, la ingeniería, el comercio e incluso la moda y cambiará las necesidades de bienestar social de las personas, quienes requerirán otras competencias y formaciones para adaptarse. Los automóviles eléctricos no necesitan tantas piezas y se espera que, tan solo en Francia, se pierdan hasta 120.000 empleos en toda la industria automotriz.

Pese a que, según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, para 2030, se podrían crear hasta 24 millones de empleos nuevos relacionados con la economía de energías limpias, “el riesgo es que quizás se lleve mucho tiempo adaptar las competencias”, explicó Patrick Artus, economista en jefe del banco Natixis, con sede en París.

Los países que firmaron el Acuerdo de París en 2015 se comprometieron a abordar las políticas llamadas de transición justa en sus programas sobre el cambio climático y prometieron empleos justos y asequibilidad para las personas y las empresas afectadas por el cambio. Europa ha destinado hasta 75.000 millones de euros para su programa, el cual ofrece apoyo focalizado para que los gobiernos puedan reducir el efecto social y económico en las regiones que resulten muy afectadas.

El dinero está saliendo a países como Grecia, el cual está acelerando el cierre de minas de carbón sucias, mientras intenta crear una economía de energías limpias. A fin de obtener el respaldo de los ciudadanos en este cierre, mismo que afecta 8000 empleos en la industria minera, el gobierno está proponiendo programas de reubicación y recapacitación y buscando inversiones en la agricultura sin emisiones de carbono, granjas solares y turismo sustentable a fin de crear nuevas oportunidades de empleo.

Sin embargo, durante las próximas décadas uno de los mayores retos seguirá siendo cómo pagar la transición (y quién deberá asumir la factura de las personas más vulnerables). La semana pasada, los países ricos prometieron recaudar 100.000 millones de dólares al año para ayudar a los países pobres a abordar lo relacionado con el cambio climático, bastante después de que se redactara ese compromiso en el Acuerdo de París de 2015.

La Unión Europea pretende obtener dinero directamente de los mercados financieros al emitir bonos verdes, un instrumento cada vez más popular entre los inversionistas, con un valor de hasta 250.000 millones de euros para ayudar a que los Estados miembros financien estos esfuerzos. Además, los negociadores participantes en la reunión de la COP26 tendrán que enfrentar un ajuste de cuentas sobre el delicado tema de fijar un precio al carbono para los grandes contaminadores. Grecia está acelerando el cierre de minas de lignito como esta, situada en Megalópolis, Grecia, el 25 de octubre de 2021. (Eirini Vourloumis/The New York Times)