Petra Cisa es propietaria de un terreno en Salto y denunció ante el Ministerio de Ambiente el inicio de obras por parte de UTE que “podrían poner en riesgo la integridad de un bosque nativo” y afectar a “diversas especies de animales, algunas de ellas en peligro de extinción”.

En un escrito presentado a la cartera por el abogado de Cisa, Pablo Bicudo, se denuncia que en el predio “empadronado con el número 1655, ubicado en la 3era sección catastral del departamento de Salto” fue proyectado “por parte de UTE el pasaje de la línea eléctrica de alta tensión, denominada Estación Salto Grande Uruguay – Estación Chamberlain”, que “iría desde Salto hacia Tacuarembó”.

“A efectos de realizar la línea eléctrica de alta tensión se procedió por parte de UTE a constituir una servidumbre administrativa por mi predio, para la instalación de las diversas torres de alta tensión, y el pasaje de las líneas”, señala el escrito al que accedió Montevideo Portal. “El trayecto trazado pasa por entremedio de un parque y bosque nativo ubicado en mi predio. Por lo que, para realizar la obra, es necesario proceder al talado de una proporción considerable del mismo”, agrega.

En el documento se hace referencia a que según la ley 15.939 y el decreto reglamentario número 330/993 (sobre bosques y montes indígenas) “la tala de bosque y monte indígena se encuentra prohibida en nuestro país, salvo que cuenta con la debida y previa autorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)”.

“Estas obras afectan de manera considerable recursos naturales que difícilmente puedan ser restituidos, no al menos en el corto plazo”, sostienen en el texto.

Por otra parte, en la denuncia adjunta un informe elaborado por el ornitólogo Gabriel Rocha con observaciones tras tres días de relevamiento en el predio. En este trabajo se constató la existencia de 102 especies de aves, de las cuales tres son prioritarias para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), encontrándose dos de ellas en la categoría “casi amenazadas”, como así también otras especies amenazadas de extinción.

“El predio del padrón 1655 (Salto), representa un manchón de ecosistema de monte parque muy bien conservado con especies de aves especialistas en ese ambiente (...) tan particular y tan amenazado en Uruguay por las distintas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales”, señala Rocha en su informe.

“Además de las especies prioritarias para el SNAP y también las que se consideran con  algún grado de amenaza para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) nacional, ya mencionadas y que están presentes allí, el sitio estudiado es potencialmente muy viable para especies como el cardenal amarillo que están en grave  peligro de extinción ya no solamente a nivel nacional, sino global”, añade el informe del ornitólogo.

Por otro lado, Rocha sostuvo que durante su relevamiento fue visto en ese predio “un Aguará Guazú, rara vez visto, y que se encuentra amenazado de extinción”.

Lo informado por el MGAP y la solicitud a UTE

En la denuncia sostienen que UTE “se ha negado a modificar el trazado de la línea”. “El ente público fundamenta su postura en la existencia de un informe de evaluación de impacto ambiental tramitado en exp. N° 2020/004974 del Ministerio de Ambiente, por el cual, por Resolución N. 433/2021, se concedió autorización ambiental previa”, sostienen, pero afirman que el informe “se basó en información claramente desactualizada”.

“Se constató por parte de los técnicos de la Dirección General Forestal (DGF) una densidad de bosque muy superior a la que tenía registrada dicho organismo”, sostiene la denuncia de Cisa. El informe de la citada dirección expresa que “dadas las características de los bosques descriptos y las condiciones en que se encuentran los ecosistemas (no degradados), los técnicos actuantes recomiendan definir este sitio como de alto valor de conservación y que el mismo sea lo menos alterado por acciones antrópicas”.

Esta dirección del MGAP informó que hizo una inspección el 15 de octubre de 2021 en la propiedad de la denunciante, y consideró: “se recomienda la conservación del bosque dada su conformación, especies y poseer un carácter primario-fustal, no habiendo sido intervenido desde hace muchos años, por lo cual la DGF entiende conveniente modificar el trazado de la línea eléctrica fuera del padrón o por lo menos hacia el límite sur donde afectaría bosque más ralo, árboles aislados y menor diversidad de especies”.

“De todo esto se dio cuenta a la UTE de forma inmediata. Lamentablemente lejos de haber escuchado a los técnicos y al organismo competente, la UTE ha seguido adelante con las actividades preparatorias de las obras”, asegura la denuncia.

“Estas obras producen un daño irreparable e innecesario a un ecosistema único en nuestro país, rico en vegetación nativa y fauna (en algunos casos amenazada de extinción) que podría ser evitable con la simple modificación del trazado, algo que la UTE se ha negado a realizar”, añade el texto.

Además de la denuncia formulada a Ambiente, solicitaron una entrevista con el director de la Dirección General Forestal del MGAP, Carlos Faroppa, y otra con el ministro de Ambiente, Adrián Peña.