En las últimas horas, la asociación civil COENDU: Conservación de Especies Nativas del Uruguay, informó que el pasado e11 de febrero la Dirección de Ambiente y la Dirección de Obras del Gobierno Departamental de Rocha emprendieron "lo que constituye una infracción jurídica y un daño ambiental de gravedad".
Se trata de la construcción de un camino de acceso vehicular al Área Protegida de Cerro Verde, cuyas obras "ya afectaron la zona de intervención mínima, erosionando el suelo, construyendo un terraplén de arena y compactando los bañados por donde escurre el agua, y destruyendo a su paso la vegetación nativa, el pastizal psamófilo y el caraguatal".
Asimismo, el avance del proyecto continuaría "degradando y contaminando mediante la aplicación de balasto, además de generar tránsito vehicular por una zona tan sensible cuya biodiversidad es objeto de conservación y protección legal".
El Área Protegida Cerro Verde e Islas de La Coronilla se incorporó al SNAP por Decreto N° 285/011 y su administración corresponde al Ministerio de Ambiente en coordinación con el Ministerio de Defensa "por lo cual, el Gobierno de Rocha estaría invadiendo y atribuyéndose las competencias de estos dos Ministerios, además de hacer caso omiso del SNAP y la Comisión Asesora Específica del Área, a quienes ni siquiera consultó previamente", denuncia la entidad.
COENDU recuerda que el plan ambiental que rige el área prohíbe obras de infraestructura y la circulación de vehículos motorizados en gran parte. Y entre las fuentes de presión constatadas cita el tránsito con vehículos motorizados y la construcción de caminería y su infraestructura asociada. De manera que "el Gobierno de Rocha estaría infringiendo directa y gravemente la normativa que rige el área y violando prohibiciones expresas".
El Área Protegida de Cerro Verde e Islas de la Coronilla, pese a estar invadida por especies exóticas dignas de un plan de erradicación, aún alberga una compleja, única y delicada diversidad ecosistémica, que incluye playas oceánicas, dunas, islas, sierras, lagunas, palmares, vegetación psamófila, humedales y esteros. A modo de ejemplo, la entidad recuerda que "se registran únicamente en Cerro Verde un total de 121 especies de flora las cuales 7 son prioritarias, y en el área protegida global, 23 especies de anfibios, de las cuales 6 son prioritarias, 37 de reptiles, de las cuales 6 son prioritarias, más de 180 de aves, 11 de las cuales son prioritarias y 24 de mamíferos, de las cuales 9 son prioritarias".
Este relicto ambiental único se caracteriza por la escasa presencia humana y casi nula urbanización, lo que ha permitido conservar sus invalorables hábitats, aportando a la regulación del clima y la producción y almacenaje de carbono, el soporte de fotosíntesis, el reciclamiento de nutrientes, agua y hábitat, el control de erosión y el desarrollo de actividades educativas y de investigación.
Además, el modelo de gobernanza del área se basa, entre otros elementos, en la participación de los diversos actores sociales e institucionales y la búsqueda de consenso para la toma de decisiones, "todo lo cual vulnera el Gobierno de Rocha con sus acciones".
En su publicación, COENDU afirma que ha denunciado estos hechos al Ministerio de Ambiente, "que está obligado por las normas que rigen el Área a la restauración de los objetos focales de conservación de la biodiversidad", solicitándole que "recupere las competencias que se le han sustraído, ponga fin inmediato a esta grave actuación ilegítima del Gobierno de Rocha, sancione a los responsables y proponga medidas urgentes de restauración del grave daño ya causado".
Leo Lagos, periodista especializado en ciencia y asuntos ambientales, publicó esta mañana en el periódico la diaria un artículo donde hace referencia a una denuncia anónima al respecto, ingresada el pasado 18 de febrero Sistema de Denuncias Ambientales del Ministerio de Ambiente. Dicha denuncia va dirigida contra Jorge Pereira, director del Área Protegida Cerro Verde, y a Rodrigo García, director de Ambiente de la Intendencia de Rocha.
Lucía Bartesaghi, directora de la División Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dijo al citado medio que "De acuerdo a lo que establece el Plan de Manejo y lo que se constató en el campo, hay algunos puntos del trazado del camino que están en conflicto con valores de conservación".
"Si bien la Intendencia de Rocha le comunicó la construcción del camino al ministro Adrián Peña, cuando se constató lo hecho, no coincidía con lo comunicado. La comunicación a su vez fue parcial, porque en ella no figuraban los trazados", detalló la funcionaria.
Jorge Pereira, es militar retirado y ocupa el cargo director del Área Protegida Cerro Verde por designación por el Ministerio de Defensa Nacional. Consultado también por la diaria, hizo su descargo.
"Este camino estaba proyectado desde 2016 como parte de la solución que se planteó por la CAE debido a que la comunidad de La Coronilla y los turistas de Cerro Verde, para acceder a la zona de Las Piedritas, tenían que hacerlo por la playa, algo que ya no se puede hacer con vehículos desde que se estableció el área protegida".
Según Pereira, "este conflicto es también consecuencia de toda la pérdida que ha sufrido el balneario La Coronilla tras la construcción del canal Andreoni. Lo único que le queda a La Coronilla para ofrecer es lo que hoy es el área protegida".
Sin embargo, más allá de la situación que atraviese el balneario rochense, la normativa vigente establece con claridad que no se permite la circulación con vehículos por ninguna playa del país, salvo habitación expresa.
Rodrigo García, director de Ambiente de la Intendencia de Rocha, también se expresó al respecto.
"Se tergiversó mucho, se exageró muchísimo el análisis e incluso estando con los técnicos del SNAP allí, la evaluación que ellos hicieron, si bien fue negativa porque afectó a especies nativas que se busca conservar, veías que al lado del camino estaban, continuaban los parches y no se sacaron plantas importantes", explicó al citado medio.
Asiismo, agregó que "hay un informe interno", presentado al intendente Alejo Umpiérrez. También expresó que las obras se aceleraron debido al riesgo de incendio y que, en paralelo, se creó un cortafuegos mayor al que existía previamente.
"El camino va a ser una puerta de entrada para el turista responsable, y en los dos meses que dura la obra, se va a hacer un estudio de carga del camino junto a investigadores del CURE [Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República], con la dirección de Turismo de la Intendencia y con el Ministerio de Ambiente", sostuvo el funcionario.
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