La asociación civil Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) remitió al presidente Luis Lacalle Pou, al ministro de Ambiente, Adrián Peña y a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE), un informe sobre caza de patos en Uruguay.

En el texto, al que accedió Montevideo Portal, se señala (al igual que en 2018) que “esta actividad, recién vuelta a habilitar tras moratoria hace tres años, sigue practicándose ilícitamente, ya desde la propaganda internacional de los gestores turísticos en la que ofrecen especies de caza prohibidas”.

Además, Coendu lanzó un video que muestra que “los propios cotos o gestores (entre ellos, los impulsores del nuevo y muy cuestionado decreto 138/2022 de promoción de caza) publicitan sus ilícitos mostrando caza prohibida”.

La asociación sostiene que el Poder Ejecutivo “debería establecer una reglamentación nueva que establezca las condiciones de esta actividad basada en estudios poblacionales de las diferentes especies, ninguna de las excepciones (autorizaciones a la caza de determinadas especies) se ha realizado con sustento en informe técnico, ni estudio poblacional alguno”.

Por otro lado, en el informe recuerdan que “la caza de patos estuvo autorizada durante años con respecto a tres especies, sin ningún respaldo científico que avalara que las poblaciones de las especies permitidas tuvieran capacidad de soportar la presión de caza sin ponerlas en riesgo de conservación”. Ante ello, y en base también al informe anterior de Coendú de fecha julio de 2018, se dictó el Decreto 308/018 que dispuso una moratoria que suspendió por dos años la actividad, cometiéndose al Ministerio de Vivienda a realizar los estudios poblacionales necesarios para la revisión de la lista de especies de patos habilitadas para caza deportiva, así como para el ajuste de las cuotas de caza.

“Pasaron los dos años y el Estado no cumplió lo que el mismo Estado dictaminó. Actualmente, y con un Ministerio de Ambiente creado, no se renovó la moratoria, por lo que, si bien las normas prescriben realizar estudios poblacionales con anterioridad a la autorización, esta actividad se ha vuelto a habilitar y se están expidiendo los correspondientes permisos sin contar con dichos estudios poblacionales obligatorios. De tal modo, a 22 años del Decreto 104/000, se continuaría autorizando la caza de especies tanto nativas como exóticas, sin ningún tipo de base científica”, señala el texto.

Coendu solicita que se realice “una adecuada revisión de la normativa en cuanto a la temática planteada”.