Endémico en varias regiones de Brasil y Argentina, el dengue ha experimentado en los últimos meses un crecimiento exponencial en ambos países.

A mediados de febrero Las autoridades brasileñas informaban que ya se habían registrado 500.000 casos solo en 2024, y el estado de Río Janeiro decretó el estado de epidemia.

En Argentina, hasta el lunes pasado se habían contabilizado 78.606 casos de dengue en 2024, cifra que es notoriamente más baja que la de los norteños, pero supera 17 veces el registro argentino de 2023.

En medio de esa acuciante situación sanitaria, la gestión de la vacunación es un tema que ha generado malestar. Sucede que las vacunas para el dengue son relativamente nuevas, y arriban por cuentagotas a ambos países.

A fines de enero, Brasil recibió desde Japón su primer lote, y anunció que lo usará de forma experimental en una población de 20.000 adultos. A ese ritmo, la vacunación puede ser una buena estrategia a mediano plazo, pero no resolverá el problema de hoy.

Mientras tanto, en Argentina el problema no es solo la cantidad, sino la política vacunal en sí misma. Además de ser escasas, las vacunas son pagas, y no resultan precisamente baratas.

Según informara el periódico Ámbito, la vacuna Qdenga llegó al país en noviembre pasado y desde entonces sufrió una suba en su precio del 90,11%, lo que dificulta su accesibilidad. A la par, el gobierno confirmó que no la incluirá en el Calendario Nacional.

El precio actual de cada dosis (y se requieren dos)  es de 71.293 pesor argentinos, unos 3.250 uruguayos.

Estas dificultades para acceder a la inmunización irritaron a buena parte de la ciudadanía de ambos países. Así se acuñó en redes sociales el término “presidengue”, que nació en Brasil como un mote para Lula da Silva y luego, como el dengue mismo, pasó a Argentina.