El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) recomendó cerrar dos centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por casos de tortura y condiciones edilicias no adecuadas, mediante un informe presentado al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. En entrevista en Punto de Encuentro, en 970 Universal, la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, reconoció que en los centros hay situaciones de conflictos ya que reciben adolescentes con historias complejas vinculadas al delito y las instituciones están atravesadas por bandas de narcotráfico. Detalló que de 13 centros solo 3 son de máxima seguridad, otros son hogares, «casas viejas», donde los jóvenes comparten ambientes durante el día y en la noche se retiran a dormir a sus celdas. 7 centros están en Colonia Berro, 5 en Montevideo y 1 en la ciudad de Minas.
De Olivera explicó que cuando el directorio constata situaciones de irregularidad inmediatamente se investigan y se hace todo el procedimiento administrativo para llevarlas a la Justicia. «Personalmente yo he hecho algunas denuncias directamente en la Justicia Penal. Hay una preocupación constante porque estas actuaciones no se den, por supuesto que hay buenos y malos funcionarios como en todos lados, por suerte la mayoría son buenos, pero hay algunos y contra esos hay que hacer todo lo posible», indicó. Añadió, además, que cuando ocurren situaciones malas le «explota el teléfono» pidiéndole respuestas, pero cuando busca compartir historias positivas no hay oportunidad de mostrarlas.
La presidenta del Inisa adelantó que a la brevedad será presentado el último censo de población adolescente privada de libertad, que realizó Unicef junto a Equipos Consultores, donde se muestra que todos los números de 2021 son mejores que los de 2018. «Nosotros tenemos estos datos que la verdad nos respaldan y nos dan la congratulación que vamos por el buen camino», señaló. Además, informó que actualmente son 295 los jóvenes recluidos en Inisa con medidas de seguridad y 310 con medidas alternativas a la privación de libertad, pese a que se dijo que con la Ley de Urgente Consideración iban a duplicarse.
Consultada por el aumento de jóvenes vinculados al narcotráfico dentro de las instituciones, De Olivera respondió que existe y se ve reflejado más que nada en adolescentes extranjeros que ingresan a los centros. «Vamos a tener que prepararnos, estos son los primeros casos. Se hace todo lo posible para que el joven pueda sumarse a todas las actividades, más allá de la barrera del idioma se le busca la contención, sostenerlo de la mejor forma, hay algunas alternativas posibles que estamos evaluando», señaló.
En referencia al vínculo con el sindicato que denuncia que las mejoras en los centros fueron solo «bombos y platillos», negó que hayan tenido problemas y manifestó ser «una presidenta de puertas abiertas». «Nos hemos reunido hasta tres o cuatro veces por mes cada vez que ellos lo han solicitado y se ha puesto la mejor buena voluntad por lo menos desde el lado del directorio para escuchar todas las propuestas que ellos nos traen, siempre ha sido igual, no siempre se puede acceder a todo lo que solicitan, pero la voluntad ha sido de avanzar», concluyó.