Sacerdote procesado confesaba a su víctima tras abusos, que se daban semanalmente

La jueza Ana Ruibal decidió este martes el procesamiento con prisión al sacerdote que había sido denunciado por abusar de un adolescente en una parroquia de Montevideo.

En su pedido de procesamiento, el fiscal señalaba que surge del expediente que la víctima, un joven que actualmente tiene 23 años, comenzó a ser abusado sexualmente desde sus 14 años "en la habitación del párroco".

El abogado del religioso, Gonzalo Aires, dijo a Montevideo Portal que no le "conforma jurídicamente" la sentencia. "Primero, porque uno cuando responsabiliza a alguien de un delito debe basarse en pruebas. Hay ciertos delitos, como el homicidio, en el que tenés el cuerpo de la víctima, algo objetivo. En este tipo de delito, en el que no hay evidencias físicas, la única prueba es la pericial o la testimonial. En este caso, tanto de la prueba pericial como la testimonial no surge que haya habido abuso", indicó el letrado.

El Poder Judicial liberó el expediente del caso, que revela los diferentes testimonios de los implicados.

De la instrucción surge que el joven denunciante, quien cuenta actualmente con 23 años de edad, concurría como fiel religioso conjuntamente con su familia a una parroquia donde sus padres eran catequistas y donde "puntualmente asistían para las actividades religiosas como católicos practicantes".

Fue a esa parroquia a la que arribó el indagado en su calidad de sacerdote, en el año 2007 y desde el año 2008 asumió las funciones de párroco y la dirección del colegio y liceo del lugar.

Allí conoció al denunciante, por aquel entonces de 14 años de edad, y a toda su familia. El joven concurría con su hermano y otros adolescentes a prestar ayuda al indagado, quien como encargado de la parroquia los convocaba a fin de limpiar la iglesia, ayudar en las tareas propias de la sacristía, en las fiestas típicas de la fe católica, etcétera.

En varias oportunidades, sin embargo, "el indagado convocaba únicamente al joven o le pedía que se quedara a solas con él, para que lo ayudara a organizar documentos, pero lo llevaba a su dormitorio y lo compelía, mediante abuso de su condición de sacerdote y mediante manipulaciones por la ascendencia que el joven sentía por la iglesia católica y por la autoridad de que éste se hallaba investido, a practicarle sexo oral y a que el joven le realizara la penetración anal o a que le permitiera hacerle sexo oral, lo que ocurrió desde los 14 años hasta los 18 años de edad de la víctima". La defensa del religioso asegura que hubo una sola de estas instancias, que fue a los 18 años del denunciante y que se trató de un acto consentido.

Una vez "concretados los aberrantes actos, el indagado le exigía a la víctima que se bañara del cuello hacia abajo sin el cabello, para que no se notara que se había bañado en la parroquia, y luego lo confesaba, no permitiéndole además que se confesara con ningún otro cura".

Dichos abusos "se producían en forma semanal, inclusive hasta dos veces por semana, habitualmente en la habitación del indagado y a muy tempranas horas de la mañana".

En una oportunidad, el abuso sexual se produjo en un retiro de jóvenes al que el joven y su hermano fueron invitados, conjuntamente con los alumnos del colegio, cuando concurrieron a la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

El después

Cuando el joven llegó a la mayoría de edad, decidió dejar de concurrir a la iglesia, comunicando tal decisión a sus padres, cortando desde entonces todo lazo con la iglesia católica y con la parroquia.

A partir de esa edad, comenzó a viajar y mantuvo un consumo problemático de alcohol y drogas, hasta que decidió concurrir a hablar con el indagado, oportunidad en la cual le exigió que le diera dinero para iniciar un tratamiento sicológico (lo que el religioso hizo a través de dos entregas de dinero).

Luego de esa instancia, el denunciante relató los hechos ocurridos a su familia, primero a su hermano y posteriormente a sus padres, concurriendo luego a la ONG "El Paso" en donde le brindaron ayuda, iniciando así un proceso de toma de conciencia y de rehabilitación.

Tras poner en conocimiento del arzobispado de Montevideo, en la persona del cardenal Daniel Sturla, la denuncia de marras, el principal referente de la congregación a la que pertenece el indagado resolvió el 23 de febrero suspender al sacerdote en las funciones de atender confesiones de menores, así como hacer contacto con menores, de la misma forma que el 2 de marzo de 2017 se le prohibió celebrar públicamente sacramentos.

El indagado negó enfáticamente haber mantenido contacto sexual con el denunciante cuando era menor de edad.

Sin embargo, la jueza consideró que se reunieron suficientes elementos de convicción para entender que los hechos sucedieron de la forma relatada por el denunciante, en la época en que era menor de edad y sirviéndose el indagado de su autoridad como sacerdote de la parroquia a la que concurría la víctima.

La prueba de tales hechos "surge de las declaraciones de la víctima, corroboradas con las declaraciones de quien fuera su novia en época concomitante a los hechos", las deposiciones de quien fuera empleada de la parroquia, las declaraciones de la madre del denunciante, el hermano, así como pericias psicológicas practicadas al denunciante y al indagado.

Pericias

En relación a la pericia practicada al joven, da cuenta de un relato detallado, ubicado en tiempo y en espacio, acompañado de emociones diversas, fundamentalmente asco y vergüenza. Se informó que en el mismo subyacen sentimientos de rabia, bronca y vergüenza.  Tiene una posición subjetiva de culpa con tendencia a manifestar conductas autodestructivas, tendencia a la distancia y anestesia afectiva en vínculos que le sean significativos, concluyéndose que "del relato y posición subjetiva surgen componentes que se corresponden
vivencias abusivas de la naturaleza denunciada".

De la pericia psicológica practicada al indagado, surge que el relato del mismo aparece construido desde una posición personal victimizada, sin implicación personal e incidente en la situación abusiva denunciada, presentando una "organización de personalidad fragilizada en su integración", con componentes de psicopatía. "Afectividad fría, con escasa resonancia. En este sentido revela dificultades en el logro de conexión empática con el otro, con prevalencia de sus propias necesidades por la de los demás. Se confunde con un estilo
comunicativo opuesto; uso beneficioso de posiciones de jerarquía para sí mismo. Revela posición subjetiva caracterizada por una doble moral. Surgen elementos de impulsividad con tendencia al pasaje al acto; escisión entre afectos e impulsos", indica el expediente.

La jueza determinó "si bien la defensa sostiene la tesis de que no existe prueba de los medios típicos (violencia o amenazas), se ha acreditado con el nivel de fehaciencia requerido en esta etapa que el indagado, autoridad de la parroquia a la que asistía el joven denunciante con su familia y referente religioso para ellos, se sirvió de manipulaciones sicológicas de todo tipo, concretando un abuso de autoridad y de confianza, empleando de esa forma violencia moral contra el mismo, por lo que, los medios típicos se han verificado en el caso sometido a
decisión".

Se ordenó el procesamiento con prisión del indagado, "en virtud de la naturaleza y gravedad de las acciones, atendiendo a la necesidad de sujeción del indagado al proceso, dado que el mismo reside actualmente en el vecino país de Brasil", por lo que se presume que podría intentar evitar que recaiga la pena sobre él.