Procesado el sobrino de Gregorio Álvarez por un delito de torturas en dictadura

El juez José María Gómez procesó al militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez, por el crimen de tortura en concurso formal con un delito de abuso de la autoridad. Esta es la primera vez que se imputa este delito como crimen de lesa humanidad, informó Radio Uruguay.

Tras el pedido de la fiscal penal Ana María Tellechea, el juez José María González consideró que Álvarez Nieto fue responsable de la detención y torturas de Gerardo Riet Bustamente, dirigente del Sunca (y vinculado al Partido por la Victoria del Pueblo) detenido el 8 de mayo de 1980, en San Martín y Bulevar José Batlle y Ordóñez. Fue trasladado primero a una dependencia militar en Daniel Muñozy finalmente al Cuartel de la Tablada donde fue sometido a "torturas y tratos degradantes", indica el expediente judicial al que accedió la emisora.

El programa Informe Nacional consultó a Riet, que dijo sentirse sorprendido por la decisión de la Justicia, a la que agradeció de todos modos por su accionar "impecable". Riet también agradeció a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), organización que le motivó a presentar la denuncia.

En el primer lugar al que se lo llevó se lo colgaba de un gancho con los pies suspendidos y las manos atadas a la espalda, según declaró. Lo golpeaban en el cuerpo y lo sometían a choques de corriente eléctrica. En La Tablada, según consta en el expediente al que accedió el diario La República, se le aplicó picana, submarino y caballete, entre otras torturas.

Riet identificó al militar Gregorio Alvarez como quien le hizo ratificar las declaraciones y confesiones, bajo amenaza de continuar las torturas

Para la Justicia, hay "elementos de convicción que a la luz de la sana crítica informan acerca de la verosimilitud o probabilidad positiva de la participación de Alvarez Nieto en el crimen de Tortura y el delito de Abuso de autoridad contra los detenidos", indica la resolución.

Para tipificar la tortura como crimen de lesa humanidad, se remitió a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2009, que aceptó la aplicación directa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos dentro del ámbito interno.

La defensa de Álvarez consideró que no podía responsabilizarse a alguien por ostentar un cargo y un grado en una unidad militar. Asegura que en el expediente "no existe probada la acción ni la conducta de Rodolfo Alvarez", ya que el denunciante no menciona a Álvarez como quien lo torturó físicamente sino como "el juez sumariante".