Uruguay se sometió los pasados 31 de mayo y 1 de junio al escrutinio de dicho Comité en su quinta revisión periódica sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y hoy este presentó sus conclusiones sobre este examen, muchas de las cuales versan sobre la discriminación que sufre la mujer en varias áreas, desde la personal, pasando por la laboral, pero también en la normativa legislativa del país.
"Preocupa al Comité que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte para promover la igualdad entre hombres y mujeres, los estereotipos de género continúen profundamente arraigados en la sociedad, lo cual se manifiesta en actos de discriminación y violencia en contra de la mujer", reza el texto.
Concretamente, los expertos lamentan "que el Estado parte no haya aún derogado las disposiciones legales con contenido discriminatorio contra la mujer", a pesar de que ya se lo había pedido en una anterior revisión.
Adicionalmente, el Comité pide a Uruguay que concluya la aprobación del proyecto de ley integral para garantizar una vida libre de violencia basada en género, y asigne los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la implementación efectiva de éstos.
Con respecto a la salud sexual y reproductiva, los expertos recomiendan que estos servicios estén disponibles para todas las mujeres en todo el territorio, dado que se ha constatado la dificultad de obtenerlos en zonas rurales del país.
En la misma línea, el Comité nota con pesar que las uruguayas sigan teniendo una participación desproporcionada en el sector informal de la economía, así como que persista una amplia brecha salarial con respecto a los hombres.
Es por ello que los expertos solicitan al Gobierno uruguayo que "adopte las medidas adecuadas y efectivas para eliminar la persistente brecha salarial por razón de sexo, combatiendo la segregación vertical y horizontal en el empleo, y que aplique medidas de sensibilización para fomentar una distribución de responsabilidades equitativa dentro de la familia".
Por otra parte, si bien el Comité celebra que el salario mínimo haya aumentando, le preocupa que éste "no sea suficiente para proporcionar condiciones de vida digna para lo trabajadores y sus familias".
Asimismo, el texto denuncia que todavía exista "un número significativo" de menores de 15 años que participa en actividades laborales.
"El Comité exhorta al Estado parte a continuar tomando medidas eficaces para la lucha contra el trabajo infantil, entre otras cosas, garantizando que la legislación que protege a los niños de la explotación económica se aplique enérgicamente".
Finalmente, al Comité le preocupan los altos índices de obesidad existentes en Uruguay y "la falta de medidas integrales y efectivas que aborden este problema".
Es por ello que recomienda al país que "redoble sus esfuerzos para diseñar una estrategia nacional integral del derecho a una alimentación adecuada".
EFE
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