Montevideo Portal
El representante legal de Chorros Uy, el abogado Andrés Ojeda, consideró que la cuenta de Facebook y Twitter "no cometió ningún delito", por lo que la denuncia presentada por el Ministerio del Interior no tiene asidero.
Ojeda dijo a Montevideo Portal que sus representados todavía no habían sido notificados de ninguna denuncia y que se habían enterado de las acciones legales por los trascendidos de prensa.
Según un fragmento de la denuncia reproducido este jueves por el semanario Búsqueda, para el Ministerio del Interior "la conducta desplegada por los responsables de la cuenta solo puede tener el móvil de infundir temor en la ciudadanía respecto de la población carcelaria y exponer al menosprecio público a la autoridad policial".
Para Ojeda, "no hay un delito concreto" en la denuncia del Ministerio del Interior. De hecho, el abogado entiende que denunciar la actividad de la cuenta constituye "una violación a la libertad de expresión". En ese sentido, el abogado sostuvo que la acción de Chorros Uy está amparada en las garantías que rigen para los medios de comunicación en la "Ley de Prensa".
Según el Ministerio del Interior, la difusión de estos videos configura una grave alarma pública, ya que las filmaciones podrían ser usadas "con fines espurios".
Las opiniones de los usuarios de la página "dejan de manifiesto un desprecio exacerbado hacia las personas privadas de libertad", algo que es perjudicial "para la convivencia en una sociedad democrática y la paz social".
Además, el Ministerio del Interior pone en duda la veracidad de los videos y pone de manifiesto la posibilidad de que las peleas hayan sido "actuadas" con la finalidad de entregarlas a esta cuenta. Esto fue argumentado tras haberse estudiado a los internos que aparecen en las filmaciones y los perfiles de Chorros Uy, lo que hizo que se "cuestione la relación entre los presos y los responsables de la cuenta", indica el semanario.
"Se evidencia la intervención de personas no pertenecientes al Instituto Nacional de Rehabilitación, que con la anuencia de las personas privadas de libertad son provistos de ese material", dice la denuncia del Ministerio del Interior. Además, la cartera asegura que intentó contactarse con los dueños de Chorros Uy cuando comenzó a operar, a fin de "facilitar asistencia" cuando se denunciaban ilícitos, pero hubo resistencia a generar un encuentro o contacto.
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